La OCDE: Recomendaciones en saco roto

El reciente informe de la OCDE sobre la economía mexicana recibió poca atención, no sólo en los medios, sino en el círculo gubernamental. Contiene un análisis crítico y equilibrado que es conveniente leer. El resumen ejecutivo inicia con las 21 recomendaciones de políticas públicas que el organismo hace para mejorar la economía. Si tan solo el secretario Ramírez de la O le presentase esas recomendaciones al presidente, y éste tuviera la humildad y capacidad de entenderlas, se percataría que el camino de la 4T es el equivocado y que debería rectificar. No hubo retroalimentación ni comentarios de la Secretaría de Hacienda, dando así el mensaje de que echó las recomendaciones en saco roto. Qué lamentable.

Comento algunas de las sugerencias de la OCDE. Sin referirse por nombre a los tres proyectos inviables de infraestructura del gobierno, dice que “la inversión pública debe aumentar, pero basada en un análisis costo-beneficio sólido y transparente”. Propone ampliar la base tributaria mediante la eliminación de las exenciones ineficientes y regresivas, y considera un gran potencial recaudatorio a través del impuesto predial si se actualiza el catastro. Recomienda lo que ya se ha propuesto por varias organizaciones, de establecer un consejo fiscal independiente. Asimismo, menciona que las autoridades deberían buscar oportunidades para una política fiscal contracíclica responsable (lo que no se hizo para atenuar el impacto de la recesión) para apoyar un mayor crecimiento económico. Su estimación de expansión del PIB para este año es de 2.3%, frente al inamovible e irreal pronóstico de Hacienda de 4.1 por ciento.

Sobre Pemex y otras entidades recomienda que se apeguen a los lineamientos de gobernanza corporativa para empresas púbicas de la OCDE. Acerca de la situación deprimida de la inversión privada, hace el llamado de proveer certeza jurídica, respeto a los contratos y estabilidad regulatoria. Indica que la incertidumbre se incrementó con la iniciativa de reforma eléctrica.

Sobre el análisis macroeconómico de las finanzas públicas, la OCDE comete el mismo error de apreciación que también hizo el FMI en su documento de la consulta bajo Artículo IV, que es catalogar a la política fiscal de prudente, disciplinada y sostenible. Ese juicio ignora la baja calidad del gasto público, debido al despilfarro de recursos en los tres proyectos insignia de infraestructura, a la distorsión del gasto social destinado a fines clientelares-electorales y a una austeridad mal entendida (cancelación del Seguro Popular, guarderías, atención médica adecuada, etcétera) que impide el cumplimiento de muchos objetivos sociales.

La OCDE reconoce el choque inflacionario y su origen por el lado de la oferta y recomienda aumentos en la tasa de interés de la política monetaria. Pero su estimación de la inflación para el fin de este año es de 5.4%, muy alejada de lo que espera alcanzar el Banco de México de alrededor de 4.4 por ciento.

Si bien el diagnóstico de la OCDE no es novedoso, el documento es valioso al plantear una serie de recomendaciones de políticas públicas que son las que este gobierno no está dispuesto a seguir.

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