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La Cultura de la Paz, Autodesmarcación de la UNAM
Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores. Alfonso X el Sabio
El profesional del derecho en nuestro país puede aplicar sus conocimientos y experiencia, entre otros, como juzgador; como defensor; como investigador o catedrático; en asuntos electorales; en temas de readaptación social; ser legislador, ministerio público o fiscal; actuar como notario o corredor; fungir como administrador público o gobernante; ser litigante, y mediador.
Al profesional del derecho le corresponde ser artífice del orden jurídico al formular normas, al interpretarlas y al aplicarlas en casos específicos. Es decir, cualquier impulso a una reestructuración conceptual y un cambio en la racionalidad jurídica conviene que sea analizada, conceptualizada y diseñada por expertos del derecho, particularmente en temas modificaciones a la Constitución y con mayor razón si se pretende que la justicia sea accesible a todos.
En el tema de la administración de justicia es evidente que se requieren reformas importantes para modificar los métodos de selección de ministros y para fortalecer a tribunales y juzgadores en beneficio de la ciudadanía que le garanticen el acceso a la administración de justicia pronta y expedita. Sin embargo, la reforma judicial incluida en el Plan C, para desmantelar y partidizar a todos los poderes judiciales del país y que todos los juzgadores sean electos popularmente no persigue esos objetivos ni superaría los retos a atender, tema que se ha convertido en una obsesión del mandatario saliente.
Como se ha difundido por diversos medios, la reforma constitucional para trastocar al poder judicial se refiere principalmente a la modificación de la forma en que se elegirán a los principales cargos de prácticamente todos los poderes judiciales del país. Tema que, según han declarado diversos personajes del oficialismo, habría de ser consultado y opinado por universidades, colegios de abogados y profesionales del derecho, aunque se tiene la idea generalizada de que ello y las sesiones de parlamento abierto que se han anunciado son sólo puestas en escena que en nada modificarán las ocurrencias plasmadas en la polémica iniciativa.
La UNAM cuenta, entre sus muy prestigiados institutos de investigación, con el reconocido Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) que es uno de los más importantes a nivel nacional y reconocido internacionalmente, en el que destacados profesionales del derecho investigan y publican obras sobre los más importantes temas del derecho, como lo son las iniciativas del todavía presidente, que integran el denominado Plan C. Como se sabe, una vez que se dio a conocer el trabajo producto de las investigaciones y estudios realizados por el IIJUNAM, el mandatario no escatimó en descalificar y ofender la libertad de cátedra y despreciar el trabajo intelectual al declarar que ese Instituto no tiene porqué meterse a analizar sus iniciativas de reformas. Adicionalmente, en una actitud inédita y prácticamente de un servilismo de la rectoría de la UNAM hacia el presidente, es que se deslindó de los estudios realizados y publicados por su IIJUNAM, sólo falta que se deslinde de los cerca de dos mil libros y de los artículos que contienen las más de 140 revistas académicas que se publican anualmente, resultado de serios trabajos de investigación en un gran abanico de ciencias, humanidades y artes. La rectoría de la más grande universidad mexicana parece desconocer que es gracias a la autonomía de la UNAM por la que profesores y catedráticos pueden hacer y difundir investigaciones, en este caso, con el objeto de mejorar la justicia, pues es así como la UNAM cumple con su función de servir a la nación.
Es altamente probable que ni el presidente ni su virtual sucesora hayan leído las investigaciones que se descalifican.
Debe reconocerse que la insuficiente cobertura de servicios jurisdiccionales y la dificultad procedimental en los juicios, entre otros temas, requieren de fortalecer a los poderes judiciales, así como una seria revisión a la legislación procedimental para hacer accesible la administración de justicia a todos. Conviene reconsiderar seriamente la idea de que jueces, magistrados y ministros sean electos popularmente, así como la de hacer una gran purga de juzgadores, pues lo más conveniente para la población es un sistema en el que concursen quienes aspiran a ocupar los cargos de jueces y magistrados y los obtengan quienes demuestren tener los mejores conocimientos y estudios. La designación de ministros hoy corresponde al Senado, aunque como se ha comentado, el Presidente puede designar directamente a quien prefiera, como ocurrió con la última designación de una ministra.
También será de gran utilidad para la ciudadanía un impulso decidido y sostenido para que el acceso a la justicia que ofrecen los mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente la mediación, sean aprovechados por más personas. Se trata de una de las respuestas que ha retomado su carta de naturalización en la Constitución, aunque como se ha comentado la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias va en sentido opuesto al imponer requisitos innecesarios al registro de convenios. Tengamos en cuenta que la judicialización no debe ser el destino normal de la mayoría de los conflictos legales cuando la solución pueden encontrarla, con su participación directa, quienes están involucrados en una controversia.
Somos testigos de una involución del derecho mexicano en muchos aspectos y lo más grave, que de prosperar las reformas constitucionales impulsadas por el presidente podría terminarse con siglos de historia institucional de un golpe, pues van en sentido contrario al desarrollo nacional.
Debemos aprovechar la oportunidad de reescribir y corregir nuestro destino para mejorarlo, no para distorsionarlo, antes de que las consecuencias imprevistas que propicien las reformas del Plan C, se traduzcan en un vacío en la administración de justicia, aumento de la presencia del crimen organizado, la violencia, los asesinatos, los secuestros y el cobro de derecho de piso; el deterioro de las relaciones con otros países, particularmente con los Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea; el desaliento a la inversión privada y la inflación, que son riesgos que podrían destruirnos.
No se debilite más la cultura de la paz.
*El autor es abogado, negociador y mediador.
X: @Phmergoldd
