Cada vez es más común escuchar que la tecnología está transformando el sistema financiero. Por ejemplo, los sistemas de pagos han cambiado radicalmente en muy poco tiempo nuestro estilo de vida, e incluso, en países como China, prácticamente ya no existe la necesidad de portar efectivo, puesto que las transacciones pueden realizarse con algunos clics en un teléfono móvil. Sí, todo esto ocurre de manera cotidiana en el mundo y continúa desarrollándose y reinventándose todos los días. Sin embargo, es importante no perder la perspectiva y comprender que este aspecto es solamente una arista más que corresponde a lo que llamamos inclusión financiera.

Por ejemplo, a pesar de ser una economía relativamente sofisticada y de tamaño relevante (la número 13 del mundo), nuestro nivel de bancarización es relativamente bajo. De acuerdo con el Banco Mundial, en México, sólo 37% de los adultos posee alguna cuenta que permite ahorrar o debitar dinero propio para hacer transacciones de pagos, mientras que, en países con desarrollo similar como Brasil o India, esta cifra asciende a 70% y 80%, respectivamente.

Por otra parte, el índice de complejidad económica elaborado por la Universidad de Harvard, que mide el conocimiento que tiene una economía para producir bienes y servicios sofisticados, coloca a nuestro país en el lugar 21 a nivel mundial, lo que refleja un alto potencial de crecimiento económico; sin embargo, se estima que sólo 4% de las transacciones de consumo en el país se realiza a través de medios distintos al efectivo, imponiendo una restricción importante sobre la agilidad con la que pueden llevarse a cabo las transacciones en la economía mexicana.

Si bien, la tendencia en los últimos años es que cada vez más mexicanos tengan acceso a los servicios bancarios, se estima que, en el 2018, poco más de 25 millones de adultos no fueron usuarios de ningún tipo de producto financiero (en el 2012 dicha cifra ascendía a 31 millones de adultos). Es por ello que el acceso a cuentas bancarias y medios de pago, como las tarjetas, resulta un primer paso natural para aumentar la inclusión financiera en nuestro país.

No obstante, aun cuando la cobertura de cuentas bancarias se incremente de manera importante en los próximos años, si no existe una disponibilidad adecuada de infraestructura para usar de manera efectiva esas cuentas (como las terminales punto de venta —TPV—), el objetivo de bancarizar a la población no podrá cumplirse. En ese sentido, los medios de pagos deberán estar disponibles y ofrecer cada vez mejores condiciones para los millones de adultos que nunca han tenido un servicio o producto financiero.

Como un medio para disminuir el uso de efectivo, incrementar la confianza en los sistemas de pago y agilizar las transacciones de empresas y hogares, las TPV tienen un amplio espacio para crecer en nuestro país. De acuerdo con el Banco Internacional de Pagos, en el 2017, México contaba con 779 TPV por cada 100,000 habitantes, un nivel muy por debajo de países como Singapur, Australia o Turquía, que contaban con 4,555, 3,873 y 2,906 TPV por cada 100,000 habitantes, respectivamente.

Asimismo, datos del Banco de México confirman que además de la brecha que México presenta con otras economías del mundo, también presenta brechas al interior del país que contribuyen a frenar las oportunidades de desarrollo económico de algunas regiones.

Así, al cierre de septiembre del 2018, mientras que, entidades como la capital de México, Jalisco y Nuevo León, contaban con 167,000, 77,000 y 66,000 TPV, respectivamente, entidades como Tlaxcala, Campeche y Nayarit poseían apenas 5,000, 7,000, y 9,000 TPV, respectivamente. Lo anterior, sugiere que la infraestructura bancaria debe crecer de manera acorde con la escasez de la misma que observamos entre las distintas regiones de nuestro país. La apuesta por las regiones más desfavorecidas pasa no sólo por la eficaz y eficiente dispersión de recursos, sino además, por los medios para poder hacer uso de ellos con pertinencia en la vida cotidiana.

Un aspecto de vital importancia que frena la oferta de medios de pago es el costo de aceptar tarjetas de crédito o débito en nuestro país. Datos del Banco de México muestran que, en promedio, la tasa de descuento o comisión que cobran los agregadores (agentes que ofrecen a comercios los servicios de recepción de pagos y generalmente cobran una comisión por transacción sin rentas mensuales) a comercios asciende a 3.6%, mientras que la cifra para adquirentes bancarios asciende a 2.7 por ciento. Sin embargo, la presencia de agregadores de distintos tipos ha permitido ampliar los puntos de acceso para recibir pagos con tarjeta. De los 1.3 millones de TPV que existían en México al cierre del 2017, 27% (es decir, 350 millones) corresponde a terminales de agregadores entre los que se encuentran aquellos que tienen la capacidad de conectarse a un teléfono o tableta electrónica.

A medida que la disponibilidad de infraestructura para pagos con tarjetas bancarias y otros medios alternativos al efectivo crezca, empresas y hogares tendrán mejores condiciones de acceso al sistema financiero. Esto también permite a la población acceder a los mercados de bienes y servicios de forma más oportuna y eficiente.

En general, con una mayor infraestructura bancaria, los agentes económicos son capaces de llevar a cabo una adecuada planeación de sus presupuestos y actividades, lo cual impulsa el crecimiento económico en el mediano y largo plazos; apostar por la infraestructura tecnológica en el sistema bancario, alcanzando a los sectores más vulnerables y con mayor potencial de impacto, debe ser objetivo común como nación.