El 29 de octubre del 2018, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular 15/2018 que modificó lo previamente publicado en la circular 3/2012 respecto al uso de prestaciones laborales como respaldo de servicios financieros contratados por trabajadores.

La Circular 15/2018 establece los cambios que permiten a los cuentahabientes de nómina solicitar mediante instrucción de domiciliación la transferencia de los recursos que recibe de su patrón por conceptos de prestaciones laborales a una cuenta receptora en otra institución. Asimismo, estos recursos transferidos pueden fungir como fuente de pago de créditos de nómina contratados con esta última institución y las tasas y plazos crediticios ser ofrecidos bajo las mismas condiciones que se ofrecen en el mercado para este tipo de créditos.

Por otra parte, en este ordenamiento, el banco central establece medidas para reforzar los incentivos para el pago de este producto a través de la limitación temporal de contratación de nuevos créditos a clientes que, por algún motivo, hubieran decidido cancelar la domiciliación de los recursos, aunque esto no suponga una falta en el deseo de continuar con los pagos de sus créditos.

En al artículo 22 BIS 1 que se añadió al ordenamiento, en su primera fracción, inciso g, el Banco de México señala que cuando un cliente solicite la cancelación de la domiciliación de recursos que van de una cuenta en la institución “A” a una cuenta en la institución “B” y que estaba destinada a cubrir el pago de un crédito asociado a nómina, todas las instituciones deberán abstenerse de otorgar un crédito de nómina nuevo al cliente por un periodo de nueve meses contado a partir de la recepción de la solicitud de cancelación.

En este sentido, la medida mencionada impone una barrera que protegería a las instituciones bancarias que hoy concentran la mayoría de los créditos de nómina del país.

¿Por qué? Lo que podría suponerse como una medida prudencial termina siendo una medida excesiva, pues asume que el cliente, al cancelar la domiciliación, no seguirá efectuando el pago de las obligaciones crediticias adquiridas con la institución. Esto no necesariamente es el caso.

Más aún: el artículo 63 Bis 2 también estipula que la institución “B” puede incluir en el contrato de crédito una cláusula en la que, si se lleva a cabo la cancelación de la domiciliación por parte del cliente en la institución “A”, la institución “B” puede rescindir el crédito o aumentar la tasa de interés. Es decir, además de considerar al mismo cliente como un sujeto más riesgoso, también se le estaría castigando con peores condiciones si éste decidiera —por la razón que fuere— que ya no quiere enfrentar un cobro automático.

En términos económicos, “parecería” ser razonable que, al desligar el crédito de su garantía de pago (la nómina), el banco exija condiciones más severas para asegurarse de recuperar sus recursos. Sin embargo, la capacidad crediticia del cliente sigue siendo la misma, e incluso podría haber mejorado, sin que esto se refleje a su favor. En términos jurídicos, es inclusive una contradicción a la luz de la teoría general de las obligaciones, ya que la fuente de pago o la garantía se convierte en el componente principal y no accesorio de la obligación, que siempre debe de ser el crédito.

Un ejemplo claro de la afectación que podría generar este esquema es cuando un cliente que aún cuenta con holgura para contratar un crédito nuevo, con mejores condiciones, decide cancelar la domiciliación por un motivo personal y a partir de ese momento, no podría contratar ningún crédito de este tipo por los siguientes nueve meses, desincentivando la decisión de acudir con una institución que ofrezca mejores condiciones y reforzando el incentivo a que, en caso de desear contratar un crédito nuevo, lo haga con la misma institución donde tiene el actual.

¿Para qué buscar nuevas y mejores opciones si, al hacerlo, corro el riesgo de quedarme sin financiamiento ante una emergencia, así como padecer el ya conocido “calvario” burocrático que implicará el cambio para un cliente, para muestra el cambio de afore en nuestro país?

Desde un punto de vista económico, cuando un individuo racional maximiza su utilidad eligiendo siempre su mejor opción ante un conjunto de posibilidades, siempre incurre en un costo de oportunidad dado por el beneficio que hubiera obtenido al elegir la segunda mejor opción. En el ejemplo descrito anteriormente, la disposición legal ensancha el costo de oportunidad al encarecer la elección de una posible segunda mejor opción en el escenario donde ya existe un crédito contratado, o inhibiendo la decisión de contratar algún crédito desde el inicio, conociendo las condiciones que enfrentaría en caso de contingencias.

El Banco Central tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, y para cumplir con ese su objetivo prioritario, debe contar con la credibilidad y legitimidad frente a los mexicanos que le permitan continuar preservando su autonomía constitucional.

La credibilidad que la población otorga a una de las instituciones más sólidas del sistema financiero se construye lentamente y procurando los intereses de todos los participantes en el sistema, por lo que la Institución deberá continuar con el grado de profesionalismo y rigor científico con el que ha trabajado a la fecha, siempre cuidando que la implementación de las regulaciones sea factible y promueva el sano desarrollo del sistema a través de la competencia y mejores condiciones de la oferta de servicios.

Hoy más que nunca, el banco central tiene que construir y mantener su legitimidad a través de decisiones que fortalezcan su autonomía y que la confianza que le tiene la población sea también motivo de una mayor oferta de servicios financieros bajo mejores condiciones de precios y oportunidad.

Como siempre, y como bien dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles. En esta ocasión, aunque no se duda de la intención de sumar a la visión más disruptiva a favor de la inclusión financiera que impulsa el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la implementación de la Circular 15/2018 tiene efectos adversos en la libre competencia y concurrencia, conceptos también consagrados en el Artículo 28 de nuestra Constitución Política, al igual que el objetivo prioritario del Banco de México.

En este sentido, la medida acabará teniendo el efecto contrario al buscado, pues no hay manera más sostenible para promover el sano desarrollo de nuestro sistema financiero que promoviendo la competencia a través de la movilidad de los clientes, siempre a la luz de la primera premisa del sistema: confianza.

Para que el ecosistema financiero en nuestro país logre vencer todos los retos que alejan a la población del acceso a servicios con altos estándares de calidad, las entidades que regulan y supervisan su sano desarrollo deben actuar con firmeza y definición; desde la legislación a través de un cuidadoso cabildeo con todos los agentes involucrados, desde la creación de política pública y supervisión a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y finalmente, desde la regulación de servicios financieros y asesoría económica y financiera que brinde el Banco de México al gobierno federal. Sólo de esta manera, desde la trinchera de cada institución, se velará por los intereses del sano desarrollo del sistema en su conjunto, factor fundamental para el desarrollo de la nación.