Como lo he manifestado anteriormente, estoy convencido de la importancia y relevancia que suponen los beneficios que genera la inclusión financiera en el porvenir de la economía mexicana —persona, familia, comunidad, empresa y gobierno—, pues a medida que las empresas y hogares mejoren las condiciones de acceso a estos servicios, también les permite acceder a mercados de bienes y servicios de manera más oportuna y eficiente, aumentando la probabilidad de alcanzar mejores condiciones de vida en entornos altamente competitivos.

Autoridades, sector privado y población en general coinciden en que una condición necesaria para el desarrollo incluyente de la economía es la promoción de una mayor inclusión de servicios financieros. Esto se logra a través de distintas medidas, como el acceso a cuentas de ahorro e inversión, seguros, ahorro para el retiro y créditos dirigidos a aumentar el poder adquisitivo de los individuos y agentes económicos, coadyuvando en la conformación de patrimonios productivos o para contingencias.

Sin embargo, por sí mismo, el acceso a los servicios financieros es una medida insuficiente si éstos no se ofrecen bajo las premisas de la libre concurrencia y competencia de los agentes que participan en ese mercado. Como sucede en otros sectores de la Economía, los servicios financieros también requieren procurar al cliente, ganar su confianza y, sobre todo, salir a competir con calidad, precio, oportunidad y mejores condiciones, sólo así veremos una sociedad mexicana que se transforme con y a partir de los distintos actores de esta industria fundamental que inyecta liquidez, confianza y plusvalía a nuestro devenir económico.

En los últimos años, se han implementado cambios normativos para promover una sana competencia de servicios financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México han sido actores fundamentales en este proceso de transformación. Muestra de ello fueron las medidas que conjuntamente anunciaran ambas instituciones el pasado 8 de enero y que tienen como objetivo continuar la disrupción de las condiciones actuales del sector financiero. En estas medidas se observa la firme visión que tiene la nueva administración federal sobre la necesidad de impulsar con determinación la inclusión financiera en el país.

Por su parte, la banca comercial ha sabido aprovechar las condiciones de estabilidad económica del país para innovar financieramente y ofrecer mejores servicios a los usuarios. Por ejemplo, en la recta final de 2015, cuando comenzó el ciclo alcista de la Tasa de Interés Objetivo que fija el Banco Central, este indicador se ubicaba en 3 por ciento.

Actualmente, esta cifra asciende a 8.25%, una diferencia de 525 puntos base. Mientras tanto, en los mismos días de 2015, la tasa de interés promedio, ponderada por saldo, de los créditos de nómina (uno de los temas centrales del comunicado al que me refiero en el párrafo previo), fue de 26% y, a pesar de los incrementos y efectos que pudieran tener las decisiones de política monetaria, al cierre de agosto de 2018, los créditos de nómina reportaron una tasa de interés promedio de 24.8%, una reducción de 120 puntos base en el mismo periodo. Este nivel de tasas se encuentra muy por debajo que el de otros tipos de crédito, como en el caso de los créditos personales (cuya tasa asciende a 38.2%) e incluso por debajo de la tasa que cobran los bancos en otras economías como Brasil, cuyas tasas de créditos de nómina ascienden en promedio a 32 por ciento.

Sin embargo, si bien se ha observado una disminución ligera en la tasa de interés de este tipo de créditos en México, esta cifra también sigue siendo más alta que en países como Colombia, en donde la tasa de referencia de su banco central asciende a 4.25% (similar a la observada en México en 2016) mientras que, en promedio, los bancos ofrecen créditos de nómina a una tasa de 15.9 por ciento.

Con los datos anteriores podemos observar que el rango entre el costo de fondeo de un banco (tasa pasiva) y la tasa activa que es el costo que el cliente paga por el crédito en México es de 16.6% y, en el ejemplo colombiano estaríamos observando una brecha 11.66%; en nuestro mercado existe un margen para la competencia y la libre concurrencia, agentes que permitan al cliente obtener mejores productos al mejor precio.

Queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de contratación y aprovechar el enorme potencial de reducción en las tasas de interés reflejando el grado de seguridad de las fuentes de pago. Lo anterior, debería tener como condición inicial el diseño de mecanismos que contribuyan a superar dos grandes retos presentes en los mercados mexicanos: el difícil acceso a la información de los acreditados y la falta de cumplimiento del Estado de Derecho.

En este sentido, uno de los puntos del comunicado conjunto de las autoridades financieras busca promover mejores condiciones para los usuarios de estos créditos y, con ello, atender las necesidades de un sector muy amplio en la población (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, en nuestro país, existen 22.5 millones de adultos con una cuenta de nómina o pensión).

En particular, una de las medidas presentadas por el Banco de México dentro de dicho anuncio estuvo dirigida a la adopción de una infraestructura abierta en el mercado de créditos de nómina, es decir, cualquier trabajador pueda usar su cuenta bancaria de nómina como fuente de pago para todo tipo de créditos y con cualquier institución financiera, independientemente de que no tenga su cuenta de nómina en la institución acreedora.

Esta medida no es innovadora, países como Brasil reformaron la normatividad desde 2011 para permitir la contratación de este tipo de créditos con otras instituciones, sin embargo, en esta economía no se observan tasas competitivas frente a las que se observan en nuestro país en la actualidad.

En este contexto, el Banco de México agregó que la presente medida permitiría que los cuentahabientes tengan una mayor oferta de créditos y que éstos se otorguen en mejores condiciones financieras. Dicho anuncio persigue objetivos que todos debemos celebrar, sin embargo, existen focos rojos al momento de la implementación de la nueva normatividad, que pudieran suponerse como contradictorios con el objetivo de promover mayor competencia en el sector. Mañana, en este mismo espacio, expondré un mayor detalle al respecto.