La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de facilitar la conectividad de redes de comunicaciones, emite los lineamientos para la eficiente asignación y utilización del espectro radioeléctrico global y las órbitas de los satélites, desarrolla los estándares técnicos que garantizan que las redes y tecnologías se interconecten sin interrupciones y provee recomendaciones para cerrar la brecha de acceso a la conectividad.

La ITU es el referente internacional para la armonización regulatoria y de política pública sectorial para alcanzar la plena adopción y aprovechamiento de las TIC en todo el mundo.

Al respecto, en semanas previas, esta organización dio a conocer un documento acerca de los requerimientos de inversión para conectar a plenitud a toda la humanidad para 2030.

En el documento titulado, “Connecting Humanity - Assessing investment needs of connecting humanity to the Internet by 2030” (bit.ly/33gmF2Y), se estima que se requiere de una ejecución de recursos de 428,000 millones de dólares para que 3,000 millones de personas de 10 años o más cuenten con acceso a Internet hacia 2030.

Este monto incluye la inversión necesaria para el despliegue de infraestructura móvil y de fibra óptica, los costos de operación y mantenimiento de las redes, la provisión de cobertura en áreas remotas, el gasto para la formación y desarrollo de habilidades digitales, así como las asignaciones presupuestales para la instrumentación de política y regulación.  Además de estimar este reto en materia de desarrollo de infraestructura, la ITU provee un mapa de ruta para la política pública y regulatoria para detonar condiciones de disponibilidad, asequibilidad, confiabilidad y seguridad en el acceso a las TIC.

En meses recientes, a partir de la pandemia de Covid-19, se han hecho manifiestas las desigualdades aun imperantes entre sociedades, países y regiones, siendo la brecha de conectividad una especialmente vigente y necesaria de atender con apremio para continuar con la operación social, productiva, educativa, informativa, cultural y de entretenimiento durante los tiempos presentes.

De acuerdo con la ITU, 85% de la población mundial dispone de redes de banda ancha y 70% de la población conectada se encuentra en área de cobertura de 4G. Es decir, el reto consiste en conectar al 15% restante que se encuentra en regiones desatendidas o escasamente cubiertas por redes de telecomunicaciones.

México destaca como uno de los países dentro del top 25 con mayores necesidades de aplicación de recursos para alcanzar el cometido constitucional de acceso universal a las TIC, con un monto de 14,000 millones de dólares.

Esta estimación es superior a la previamente realizada por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) quién proyectaba un monto necesario de 8,500 millones de dólares (187,500 millones de pesos) para cerrar la brecha de conectividad en nuestro país.

Para la realización efectiva de estos requerimientos de inversión en México, la ITU recomienda unas ‘reglas de oro’ de política pública y regulatoria, entre las que destaca: la provisión de servicios en condiciones competitivas, la obligación para los operadores de compartir infraestructura y la admisión irrestricta de inversión extranjera.

Varios de estos mecanismos han sido implementados en México, sin embargo, la asignatura pendiente continúa siendo la falta de competencia y la aplicación de medidas regulatorias eficaces para balancear la estructura de mercado.

He aquí, nuevamente, lecciones desde el ámbito internacional para México.

Ernesto Piedras

Director General de The Competitive Intelligence Unit

Inteligencia Competitiva