¿Por qué algunos estados son extremadamente pobres y conflictivos y otros relativamente prósperos e institucionalizados? Es una pregunta apasionante y, para México, acuciante, que se desdobla en uno de los más grandes desafíos que tendrá nuestro país en el siglo XXI. Responderla nos hace echar mano de elementos geográficos y ecológicos, culturales e institucionales, y de una penetrante y vasta literatura que se ha generado en los últimos años, sobre las causas de la notable divergencia económica que han observado regiones y países a lo largo de la historia (Diamond, Sachs, North, Landes, Acemoglu y Robinson, y Fukuyama).

Guerrero, Oaxaca y Chiapas no son las únicas entidades federativas con pobreza y atraso, pero sí donde estas circunstancias se observan de manera más ubicua e imbatible. Son también los estados de mayor conflictividad, y los que exhiben los niveles más bajos de desempeño educativo, y por lo tanto de capital humano. Especialmente en Guerrero, la delincuencia genérica y el narcotráfico se asientan con fuerte raigambre, entretejidos con redes de subversión. La subversión en los tres estados es tradicional, y tiene como vivero y columna vertebral a organizaciones magisteriales. La violencia y la ilegalidad son endémicas por la falta de gobiernos estatales fuertes, impersonales y eficaces. Los existentes están capturados por poderes fácticos, y en todo caso dependen casi totalmente de participaciones y aportaciones federales, además de ser generalmente patrimoniales, incompetentes, corruptos y con fuertes vínculos caciquiles. La impunidad es casi la regla, ya que los delitos individuales o cometidos por grupos organizados se persiguen sólo por excepción.

La estructura municipal está pulverizada en un abigarrado mosaico de cientos de demarcaciones miserables y disfuncionales en su mayoría, donde es imposible el cobro de impuestos, dar seguridad, y generar una oferta de servicios públicos decorosos. La desconfianza hacia el gobierno entre los actores sociales y económicos es profunda y la debilidad de la sociedad civil es extrema. Los derechos de propiedad son muy vulnerables, mientras que es difícil asegurar el cumplimiento de los contratos, más aún, dado que predominan condiciones de propiedad colectiva sobre la tierra y sus recursos. Las capacidades emprendedoras individuales se ponen al servicio de la búsqueda de rentas, de la subversión o de cacicazgos, y no de actividades productivas. Obviamente, la inversión se inhibe o ahuyenta y la industria es virtualmente inexistente, todavía más, por la ausencia de cultura empresarial, lo que hace persistir una muy baja productividad y, por tanto, ingresos muy precarios. Todo eso retroalimenta una situación de pobreza que se ha transmitido intergeneracionalmente durante décadas (o siglos).

Guerrero, Oaxaca y Chiapas son también los estados con mayor diversidad étnica y cultural; al igual que los de mayor riqueza biológica, misma que se destruye con celeridad, liquidándose el capital natural y con ello oportunidades económicas y el patrimonio ecológico más valioso de la nación. Los caracteriza también su esencia rural, con una alta densidad de población campesina, que subsiste dispersa en miles de pequeños asentamientos aislados, y con una proporción de población urbana que es la más baja del país. La presencia del Estado es tenue, la provisión de servicios básicos sumamente costosa, y la educación terriblemente deficiente y controlada en sus presupuestos, plazas y contenidos por temibles organizaciones corporativo-subversivas.

Su geografía es muy accidentada y configura un marco de barreras físicas que obstaculizan la cohesión e integración política y económica de mercados, regiones, poblados y comunidades. Su ecología es muy diversa pero frágil, apta para actividades agrícolas de alta productividad sólo en valles y planicies aluviales y costeras muy restringidas. El turismo, que en otras condiciones tendría un gigantesco potencial, permanece atrofiado.

Y todo esto ¿por qué? Es vital tratar de responder la pregunta.