Guerra del pollo, al rojo vivo

En la guerra del pollo, el ánimo entre las partes está al rojo vivo.

Se confrontan -como se lo he informado en este espacio- productores nacionales contra importadores nacionales y exportadores estadounidenses.

Más específicamente, en la esquina de los productores nacionales: Bachoco, Productos Agropecuarios de Tehuacán (PATSA) y Buenaventura.

Y en la otra, los importadores: Pylgrim’s, Tyson, Bafar y Sukarne.

Aunque en realidad participan en la disputa 50 involucrados.

De ambos lados hay poderosos intereses económicos.

¿Invasores vs proteccionistas?

Ayer en este espacio le informé del punto de vista de los productores nacionales que aseguran que se registra una invasión de piezas de pollo estadounidenses.

Al mismo tiempo, dicen, se observa una inequidad comercial porque la frontera con Estados Unidos permanece cerrada a las exportaciones de pollo mexicano.

Los productores nacionales afirman que las piezas de pollo que llegan a México se venden a precios por debajo de su costo de producción, a precios dumping y en consecuencia están dañando a la industria nacional.

Sus contrarios aseguran que los productores nacionales esconden intereses proteccionistas y monopólicos.

Los intereses monopólicos, gritan a coro, van contra el bienestar de los consumidores que pueden obtener el pollo a precios más bajos y dejarán de tener acceso a este producto si se imponen cuotas compensatorias a las importaciones.

Bachoco, ¿monopollo?

En el bando de los importadores nacionales y exportadores estadounidenses aseguran que detrás de esta batalla legal en contra de la importación de pierna y muslo de pollo procedente de EU se encubre la protección al monopolio de pollo que tiene en México la empresa Bachoco. PATSA y Buenaventura sólo son comparsas de Bachoco en la demanda que promueve por presunto dumping, acusan.

Bachoco -dicen sus contrapartes- significa 89% de las tres empresas que promovieron la demanda por dumping.

En los últimos cinco años, Bachoco absorbió 92% del crecimiento en esa industria, de acuerdo con datos difundidos en sus propios informes anuales.

PATSA y Buenaventura sólo tienen presencia en Puebla, Oaxaca y Chiapas, en donde el producto importado no tiene presencia.

UPCI, a punto de resolver

Desde la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) -dicen los importadores y exportadores estadounidenses- se ha comenzado a filtrar que existe la posibilidad de que en los próximos días pudieran aplicarse cuotas compensatorias de manera provisional, tanto como la imposición de cupos.

Sin embargo, advierten que dada la complejidad del tema, la investigación podría prolongarse por un año más.

Por otra parte, hay que recordar que esta disputa ya llegó al Congreso de la Unión.

La diputada Sofía Castro solicitó ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Secretaría de Economía explique los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping.

USAPEEC, amable componedor

Recientemente el Consejo de Exportadores de Aves de Corral y Huevo de Estados Unidos (USAPEEC, por su sigla en inglés) propuso aplicar un mecanismo de cupos durante tres años, semejante a la salvaguarda, para limitar el crecimiento de las importaciones de pierna y muslo de pollo provenientes de EU y definir volúmenes libres de arancel.

La propuesta define que 70% del cupo libre de arancel se destine a la zona fronteriza norte y 30% para el resto del país.

El volumen del cupo equivaldría a las importaciones de pierna y muslo del último año.

A los volúmenes fuera del cupo se aplicaría una cuota compensatoria residual que determinaría la UPCI como resultado de la investigación preliminar.

USAPEEC ofreció intervenir para eliminar las barreras sanitarias en Estados Unidos a las exportaciones de pollo mexicano.

CUENTOS VERAS

Iván Barona, el empresario que pretende recapitalizar Mexicana de Aviación, no ha presentado su declaración de pago de impuestos en los últimos tres años.

Antier el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que preside Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le dejó un citatorio en su domicilio porque no ha presentado su declaración en los últimos tres años. No fue, como dijo el diputado Mario di Costanzo, una auditoría domiciliar; fue simplemente la entrega de un citatorio. El SAT estaría en posibilidad de realizar otros actos de fiscalización contra Barona si no aclara su situación. Llama la atención cómo alguien que pretende comprar una aerolínea no cumple con la obligación de presentar sus declaraciones y despierta sospechas sobre el origen de sus recursos. También resulta extraño que un legislador lo apoye.

Twitter: @marco_mares