Las competencias por ofrecer menores tasas tributarias, a cambio de inversión, por parte de las grandes empresas globales generan serios problemas para financiar los servicios públicos y no garantizan mayores ganancias para las naciones que reducen las tasas. En la mayoría de los casos, las inversiones en realidad solamente se reducen a un cambio en los domicilios fiscales, que no representan mayores ganancias a los países en inversión y empleo.

En las últimas décadas, se ha avanzado en la coordinación para facilitar el comercio y la inversión global, pero esto no ha sido acompañado de acuerdos para fiscalizar y gravar mejor a las empresas que operan en varios países. El resultado es que las ganancias de las grandes corporaciones globales son gravadas con tasas impositivas efectivas muy bajas, ya que pueden tributar lo que obtienen a nivel global en países con tasas de impuestos sobre la riqueza reducidos y no hacerlo en donde efectivamente generan la riqueza. Esto significa que el valor que se genera en un país no contribuye con los impuestos necesarios para pagar por servicios públicos, eso incluye a los que tienen impacto en la competitividad de una nación, como los educativos, los de salud y la infraestructura.

Normalmente las naciones desarrolladas, en general sedes de las grandes corporaciones, se oponían a iniciativas para homologar el pago de impuestos de las mismas alrededor del mundo. Ahora, desde el gobierno del presidente Biden y del propio Departamento del Tesoro, se promueve un acuerdo fiscal global, para lograr un impuesto global de 15% mínimo para una parte de las ganancias de las grandes corporaciones.

Eso potencialmente va a fortalecer fundamentalmente a los países de menor desarrollo, que tienen más dificultades para gravar la riqueza generada por las corporaciones en su territorio. A la propuesta se ha sumado Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. La idea es que los países no compitan por la inversión con base a ofrecer tasas impositivas más bajas, sino en su gasto en educación, investigación y desarrollo, y en infraestructura.

Críticos del acuerdo, como el experto en desigualdad José Antonio Ocampo, señalan que el 15% propuesto en realidad es muy bajo, cuando la propuesta original de Biden era de 21% como tasa mínima, además de que la fórmula propuesta favorece más a las naciones sedes de las corporaciones que a las que efectivamente generan las ganancias de las mismas.

Países como México, parte del G20, podrían ayudar a que el diseño del impuesto favoreciera más a las naciones que no son sede de las grandes corporaciones. Con todo, Ocampo cita estudios en los que se muestra que con la tasa de 15%, un país como Brasil podría obtener ganancias por 900 millones de euros. Es decir se va a recaudar más sin perder competitividad ya que el incremento en recaudación será global.

La iniciativa abre la puerta a otras discusiones fiscales interesantes, como la que ha planteado en Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que si una empresa no está pagando tasas efectivas similares al promedio del sector en que opera, y se no pasa por una circunstancia extraordinaria, debe revisar su estrategia fiscal para garantizar que no esté incurriendo en elución o evasión fiscal.

El punto, que es muy bienvenido a la discusión sobre el financiamiento público, es la necesidad de que la corporaciones paguen los impuestos que generen en cada nación, que no aprovechen sus operaciones globales para reducir los tributos y que los países se coordinen, como lo hacen en el caso del comercio y la inversión, para garantizar su pago.

Twitter: @vidallerenas

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.

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