En el 2012, el robo de combustible costó 7,400 millones de pesos a Pemex. Cinco años  después, la cifra ya alcanzó los 30,000 millones de pesos. En los cinco años que van de este sexenio, lo robado supera los 70,000 millones de pesos, mientras que las perforaciones de ductos se han multiplicado por cinco. Lo robado es equivalente a 4,000 millones de dólares. Con ese dinero se podría construir una refinería mediana/grande o fortalecer el programa de inversiones de la petrolera. En vez de eso, fue a parar a grupos criminales que tienen poder creciente.

Al robo de combustible no le han hecho ni cosquillas las estrategias que puso en marcha Pemex. Está la inversión multimillonaria en sistemas de monitoreo de los ductos y el plan de transportar por separado los componentes de la gasolina, anunciado con pompa y circunstancia a principios del 2015. Tampoco le afectó significativamente la campaña militar y mediática en contra del huachicol, realizada entre abril y mayo del año pasado.

Se ha expandido la “mancha” donde el robo de combustible alcanza una escala industrial. Antes eran tres estados: Puebla, Veracruz e Hidalgo. Ahora el robo es significativo en otras seis entidades: Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En el aumento desaforado del robo del combustible influye la entrada en escena del crimen organizado. Éste se ha apoderado de la tajada del león en un negocio que ya vale más de 1,600 millones de dólares anuales y registra tasas de crecimiento de 50-60% anual. Su entrada al negocio complica la solución: emplean armas de alto poder, operan a través de comandos y utilizan tecnología de punta para hacer la ordeña. La organización sofisticada de los criminales contrasta con el desorden del Estado mexicano y la debilidad de Pemex, la víctima principal de este delito.

La ley no implica castigos severos para quienes participan en el robo de combustible. Inexplicablemente los legisladores han actuado con tortuguismo en este asunto. Por si esto fuera poco, el sistema policiaco/legal ha tejido una red que no atrapa a casi ningún huachicolero. El director de Pemex, Carlos Treviño, afirma que han “capturado” a 1,600 personas robando combustible. Entre 1 y 2% de ellos han sido encarcelados.

Una tasa de impunidad de 98 o 99% es muy elevada, incluso para los promedios mexicanos. En este caso, la cifra de impunidad se puede traducir como tasa de éxito. A manera de comparación, 75% de los emprendimientos fracasa en México antes de completar su segundo año, de acuerdo a un estudio del Instituto del Fracaso.

Pemex es la víctima principal del delito, pero es una víctima peculiar. Llama la atención la ineficacia de las estrategias que ha puesto en marcha y la opacidad en la rendición de cuentas sobre las mismas: ¿cuánto ha invertido?, ¿cómo se han asignado esos recursos?, ¿qué resultados ha alcanzado? Son secretos “industriales”, pero debería ser información pública.

No hay mucha información disponible sobre las medidas de control de confianza de sus empleados que la empresa ha tomado como consecuencia del incremento de los robos.  Pemex ha anunciado el despido de personal por el hurto de combustible, pero no queda claro por qué no los mandó a la cárcel. Pemex es una gran víctima del robo, pero es una víctima con asteriscos. Se mete autogoles.

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Luis MiguelGonzález

Director General Editorial de El Economista

Caja Fuerte

Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio.

Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.