El gobierno aún sigue en proceso de definir a las empresas que ejecutarán la distribución de la compra consolidada de medicamentos para lo que resta del año; se dice que por ahí de este viernes o a más tardar la próxima semana se conocerán finalmente las empresas ganadoras. Y entre éstas podríamos escuchar ahora nombres de empresas de logística que antes no aparecían en este rubro, como Redpack o DHL, por ejemplo.

Mientras tanto, el gobierno ya declaró inhabilitada a la que concentraba la mayor cuota del mercado de distribución al gobierno: Fármacos Especializados (FESA), de los hermanos Pérez Fayad. Fue de las empresas que consiguieron amparo y ahora recibió castigo.

Hacerle a un lado e impedirle vender a cualquier instancia de gobierno durante dos años son un castigo duro. Y es fuerte porque la falta marcada por la Secretaría de la Función Pública fue aparentemente menor: un medicamento importado del extranjero que se vendió como si fuera nacional. No es que sea nimiedad, pero como para inhabilitarla dos años suena desproporcionado.

Lo importante para la presente administración es que manda su mensaje mediático: había señalado como corruptas a las distribuidoras y termina inhabilitando a una de ellas. No se encontró delito —y por eso al día de hoy no hay acusación legal ni perseguidos—, pero en términos de comunicación el mensaje es que ya hubo castigo. El costo para FESA será elevado, pues si bien tiene otros brazos de negocio —como su red de Farmacias Especializadas y clínicas de atención—, y aún podría agotar el recurso de revisión y amparo para impedir la inhabilitación, es probable que la orillen a empequeñecerse.

Algo relevante en esta jugada es que la empresa castigada es acreedora del gobierno. O sea, el deudor dejó de rodillas a su acreedor y ahora éste está contra la pared para recuperar lo que le debe el gobierno, en particular el ISSSTE. Se estima que de 20,000 millones de pesos de deuda por medicamentos que el gobierno arrastra de años, la mitad se lo debe a FESA y, de esto, una parte aún a las farmacéuticas. De hecho, nos comentan que las distribuidoras ya advirtieron a sus clientes fabricantes de medicamentos que lo que no han podido cobrar del ISSSTE lo pueden ir dando por perdido.

Hay que decir también que si FESA concentraba la mayor proporción de este negocio es porque su core ha sido la distribuidora de los medicamentos más costosos, es decir, los de innovación protegidos con patente, desarrollados sobretodo por farmacéuticas trasnacionales. Pero también, aunque en menor proporción, distribuía productos de farmacéuticas nacionales. La pregunta es: ¿cómo será ahora la negociación de esa deuda? En particular FESA, ¿será que aceptará quitas o algo por el estilo a cambio de que la dejen sobrevivir?

El punto es que si el actual gobierno quería enviar un mensaje aleccionador contundente al sector, lo logró. Buscaron hasta por debajo de las piedras y con lo que encontraron, aunque fue menor, pudieron mandar un estatequieto a todo el sector farmacéutico: “más vale que nadie salga de la línea marcada por este gobierno, pues de lo contrario salen del terreno de juego”.

La sanción para Alpharma

Caso aparte es el del laboratorio Alpharma, del Grupo Neolpharma, que capitanea Efrén Ocampo, que recibió una sanción, aquí no fue inhabilitación, pero por lo pronto sí le impidieron participar en la reciente venta de medicamentos al gobierno.

Lo que sucedió, nos explica Gustavo Alcaraz, director jurídico de Grupo Neolpharma, es que la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Eréndira Sandoval, revivió una sanción de hace nueve años, por un aparente malentendido de que la empresa no pagó en su momento una multa impuesta por el Órgano Interno de Control del IMSS. Y ahora, casualmente, le encontraron dicha falta justo días antes del fallo de la licitación.

Lo que sucedió, apunta Alcaraz, es que sí la pagaron en su momento vía devolución de impuestos bajo acuerdo con el SAT, pero éste no giró el oficio al OIC de modo que desde entonces quedó abierta la sanción en el historial y ahora casi una década después se la quisieron cobrar.

No puede ignorarse que Grupo Neolpharma es otro de los que se ampararon y su vicepresidenta Cecilia Bravo es quien preside actualmente Anafam, organismo gremial que se sabe estuvo igualmente incentivando los amparos frente a las acciones de este Gobierno.

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.