Lectura 5:00 min
El defensor de Navarrete
Abogado civilista, maestro universitario, el abogado mexiquense Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez se cuenta entre los hombres de confianza del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
Desde su arribo a la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en este espacio se había advertido lo estipulado en el artículo 612 de la Ley Federal del Trabajo, sobre el perfil que debe cubrir ese funcionario: experiencia en la materia laboral y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social. Zorrilla Rodríguez carece de ambas cualidades.
El artículo 214 del Código Penal Federal indica que es punible el delito de ejercicio indebido del servicio público a todo aquel que ejerza funciones sin satisfacer todos los requisitos legales.
Además de los señalamientos en su contra por incumplir con los requisitos legales para fungir como presidente de la JFCA, Zorrilla Rodríguez deberá afrontar críticas por no haber declarado su interés, como abogado patrono del secretario Alfonso Navarrete Prida, en el juicio para definir el régimen de convivencia y la pensión alimenticia que protegen al hijo menor del funcionario federal.
El caso está radicado en el juzgado décimo familiar del distrito judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, a cargo de Felipe Álvarez Chávez. Y tuvo su etapa definitiva en el verano del año pasado, cuando Zorrilla presidía el consejo directivo del Infonacot.
Los escritos presentados por el abogado y sus asociados requerían al juzgador una resolución en favor del respeto de la intimidad de las partes, además de la exigencia de un apercibimiento para la madre del menor, quien debía abstenerse de difundir información relacionada con el expediente.
En atención a esos criterios y también para proteger la identidad del menor y de los demás involucrados, no se citará en este espacio el número del expediente que pudo consultarse ampliamente.
La Ley de Responsabilidades Administrativas a la que están sujetos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno limita sus relaciones profesionales, laborales o de negocios.
Habrá conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión, estipula la fracción XI del artículo octavo de esa ley, que obliga a Zorrilla a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.
Desde su incorporación como funcionario público en el sexenio peñista, Zorrilla Rodríguez ha mantenido su ejercicio académico (es profesor de derecho en la FES Acatlán de la UNAM) y sus asuntos como integrante del Corporativo Zorrilla y Asociados, cuyo despacho se localiza en el cuarto piso de un edificio ubicado a espaldas de Plaza Satélite, en Naucalpan.
Zorrilla Rodríguez llegó hace dos meses a la titularidad de la JFCA en sustitución de Diódoro José Siller Argüello, cuya remoción confirmó que ese organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo está inmerso en una perniciosa dinámica de cambios y relevos.
La Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales -la segunda posición en importancia dentro de la JFCA- ha tenido tres titulares en dos años. José Luis Palacios, ex funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el DF, quien pasó apenas ocho semanas en esa posición, de la que debió separarse por instrucciones superiores . En su lugar quedó María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien después de seis meses fue removida del cargo.
Siller Argüello encargó el despacho de esa secretaría a Guillermo Hernández Galindo, quien era auxiliar del área de conflictos colectivos, pero el secretario del Trabajo ordenó su salida de la JFCA. Y el 1 de julio del 2014 firmó el nombramiento de Adriana Llaca Sánchez, quien estaba al frente de la Junta Especial de Hidalgo.
La funcionaria laboral -con 25 años de experiencia en la dependencia- apenas completó 120 días como secretaria general de conciliación y asuntos individuales. Siller Argüello ordenó su desalojo y designó en su lugar a Francisco Maciel, quien apenas cumplió un mes allí. El último titular de esa área es Guillermo Hernández Galindo.
Los incondicionales de Siller Argüello, firmes. El nuevo presidente de la JFCA, capturado por la estructura operativa y administrativa heredada, ahora enfrenta fuego amigo por haber deshecho los acuerdos autorizados por su antecesor y pagará caro su noviciado en las lides laboralistas. Mientras, los abogados César Maillard, Humberto Cavazos, Tomás Natividad y Orlando Piza Avilés seguirán marcando la pauta...
EFECTOS SECUNDARIOS
REACIOS. Antes de volar a Panamá, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una escala en Playa del Carmen para acompañar a la plana mayor del Grupo Vidanta, encabezada por Daniel Chávez, en la presentación de su plan de inversión multianual que entre enero del 2014 y diciembre del 2018 acumulará 20,000 millones de pesos; con nuevos desarrollos en las rivieras Nayarita y Maya, incluida la construcción del parque temático del Cirque du Soleil y del centro de convenciones de Bahía de Banderas. A menudo nos negamos a reconocer las buenas noticias , se sinceró el Ejecutivo federal, y no queremos reconocer los buenos resultados, aun cuando están frente a nosotros . Hablando de lo mismo, en Quintana Roo presumió el gobernador, Roberto Angulo, que la infraestructura hotelera alcanzó 87,000 habitaciones, 13% más de la oferta nacional.
