(Segunda parte)

En la anterior entrega se comentó que la política industrial es un elemento relevante que distingue a este gobierno de los anteriores. Hoy se concibe la necesidad de que el Estado intervenga a través de esta política para estimular el desarrollo de aquellos sectores y regiones del país que no han recibido la oportunidad de crecer mediante la integración comercial con Norteamérica. También esta política industrial debe necesariamente estimular un mayor contenido nacional en las exportaciones mexicanas. En esta entrega, distinguimos el combate a la corrupción como uno de los principales elementos que diferencian a nuestro gobierno del pasado reciente. A partir del enorme crecimiento de casos de corrupción cada vez más lastimosos para la sociedad, el fuerte reclamo ciudadano demostrado en las urnas y la vocación de honradez del presidente Andrés Manuel López Obrador, han venido promoviendo, cada vez con mayor vehemencia, que se ponga en marcha una política de cero tolerancia para la corrupción pública y privada. En un hecho inédito, al menos en la historia reciente de nuestra economía, se ha puesto el tema de la corrupción al centro de todas las decisiones de política pública que se están tomando. Para muchos analistas, el combate a la corrupción como único elemento de política económica no es suficiente para conducir el destino de la economía número 13 del planeta. Es probable que tengan razón y que se necesitan más cosas para complementar nuestra economía. Empero, dadas las circunstancias actuales que nos muestran de manera nítida que prácticamente todo el sistema económico y político encontraron cimiento y causa en la corrupción, no debe desestimarse del análisis la inaplazable obligación que tenemos como sociedad de construir un nuevo régimen político y un nuevo modelo económico de desarrollo, sustentados en la ética como eje central.

A partir del año 1982, cuando el presidente Miguel de la Madrid comenzó su administración, el sistema administrativo se fue llenando de controles y trámites que buscaban una mayor transparencia en el ejercicio de los presupuestos públicos. No obstante, luego de 36 años, ha quedado de manifiesto que el sistema político utilizó mañosamente las leyes y reglamentos, así como las contralorías internas para aparentar una falsa transparencia y dizque rígidos controles para la asignación de obra pública y compras de gobierno. Cada año crecían los trámites sin que disminuyeran los actos de corrupción, al tiempo que el gasto se hacía cada vez más ineficiente. Al final del día, el actual presidente encontró cientos de miles de trámites y requisitos que rayan en el ridículo para ejercer el gasto público que en nada han evitado el saqueo de recursos públicos a través de una pésima obra pública y una cultura de ventas a gobierno basadas en el sobreprecio y la dádiva al servidor público. Los casos como la Estafa Maestra, dados a conocer por el portal Animal Político y la sociedad civil, y no por los órganos de fiscalización oficial, nos enseñan que en México se pueden desaparecer más de 5,000 millones de pesos sin que sean detectados y, mucho peor, que sean difíciles de castigar pese a todos los controles que existen dentro de la administración pública y las cámaras de Diputados y Senadores. Los verdaderos dueños de los recursos públicos, que son los contribuyentes cautivos, ven con asombro cómo no pasa nada mientras aprecian que el dinero simplemente se pierde al mismo tiempo que la inseguridad y la pobreza crecen y la infraestructura nacional simplemente se cae.

Es difícil cuantificar cuánto dinero de los ciudadanos, que no es del gobierno por cierto, se pierde día con día dentro de un sistema político-económico basado en la corrupción que permite que los políticos sean millonarios y que unos cuantos empresarios acumulen cada vez más riqueza al mismo tiempo que el número de mexicanos en pobreza aumenta. En este sentido, el anteponer la ética como esencia del quehacer de gobierno representa quizá uno de los mayores aportes dentro de esta nueva transición política y cambio de régimen que encabeza el presidente López obrador. El combate a la corrupción no debe ser el único elemento de la nueva política económica, pero sí es claro que debe de ser el punto de partida y la esencia del nuevo modelo económico de desarrollo, porque de no ser así el futuro de México no tendrá viabilidad ni rumbo. El acento en el combate real a la corrupción es un elemento clave que diferencia a este gobierno con los anteriores, particularmente el anterior.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas