Una de las principales diferencias entre el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador con el anterior es la política industrial. En nuestro país se pensó durante muchos años que no debería de existir una política industrial por parte del gobierno para que con ésta se detonaran ciertos sectores y, más importante, ciertas regiones geográficas. A raíz del surgimiento del TLCAN comenzó a generarse una muy fuerte industria manufacturera, pero no como parte de una política pública para impulsarla, sino como consecuencia de la llegada de industrias extranjeras a nuestro país originalmente para maquilar sus productos. La concepción era que fueran las necesidades de las matrices de estas industrias las que determinaran las ramas y zonas geográficas que se desarrollarían. Así, por los últimos 36 años fue la industria automotriz y la maquila electrónica las ramas que crecieron enormemente y fue la zona del Bajío y el norte del país las que mayor desarrollo presentaron, llegando a niveles de crecimiento superiores a las de los países asiáticos. Lo anterior permitió, en buena medida, que la mayoría de la inversión pública y privada se canalizara a estas zonas del país, generando un desarrollo totalmente dispar como el que tenemos. El país se fue desarrollando conforme a la propia circunstancia del TLCAN, quizás a la espera de que con el tiempo todo el territorio mexicano se desarrollara. No obstante, los beneficios de las exportaciones industriales no llegaron nunca a los estados del sur y sureste. Esta realidad se construyó como consecuencia lógica de la relación comercial con EU principalmente, pero también por la falta de una política industrial de parte del Estado Mexicano que incentivara mayores proyectos e inversiones en el sur para que se beneficiara de esta relación. Al mismo tiempo se descuidó el elemento básico de tener un mayor componente nacional en las manufacturas de exportación.

La realidad nos alcanzó mostrándonos que tenemos estados como Tabasco y Campeche que han aportado mucho dinero para la dotación de infraestructura al resto del país, producto de la renta petrolera surgida de esas regiones, sin que hayan recibido por parte del gobierno montos sustantivos de inversión a cambio. Al mismo tiempo, existen estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca que no tienen acceso al sector de exportaciones de manufacturas y más dramático, a nada que signifique desarrollo e igualdad. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de hacer un profundo cambio al modelo económico que ha imperado los últimos 36 años para que se establezca una forma de hacer política económica sustentada en la obligación de llevar los beneficios del libre comercio a la población en todo el territorio, tal y como ocurre con otras regiones comerciales del mundo en donde el desarrollo es más parejo.

Así pues, la política industrial es un elemento esencial que marca la diferencia entre el gobierno del cambio que tenemos actualmente y anteriores gobiernos. Como se ha mencionado, antes se dejó al proceso del mercado y las necesidades de nuestros socios comerciales, básicamente EU, el desarrollo de nuestra industria y a la clase empresarial en torno a ella. Hoy el presidente López Obrador, a través del Consejo de Atracción de inversiones que depende directamente de su Oficina de la Presidencia, pretende establecer las bases para que, sin descuidar el libre comercio, éste sea también uno de los sustentos económicos de los estados del sur, tal y como ocurre con otras regiones. Lo mismo se puede decir de su clara intención de que haya mucho más contenido nacional en las exportaciones para dejar de ser la maquila de Norteamérica, para convertirnos en un socio mucho más estratégico en campos como el tecnológico.

En suma, nuestro gobierno ha tomado la decisión de que el sector industrial crezca aún más en áreas que luego de años de integración comercial no alcanzó a desarrollarse por falta de apoyo del Estado, de tal suerte que podemos esperar que los recursos financieros estatales sirvan por primera vez en años para impulsar áreas y regiones que compensen su falta de crecimiento. Estamos hablando de usar la fuerza del Estado para complementar la inversión privada en aquellas áreas que más se necesiten, y se equilibre la enorme disparidad que existe entre los estados más cercanos a los EU con los estados más alejados de éste. Lo mismo puede decirse de su búsqueda por apoyar otros factores que impactan a nuestra economía como la migración de Centroamérica, que sin el apoyo adecuado no va a proporcionar a sus ciudadanos las oportunidades que se requieren, orillando a millones a salir de sus países en búsqueda de mejores niveles de vida. La política industrial es pues una de las principales diferencias que podemos encontrar en materia económica entre este gobierno con los anteriores.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas