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Opinión

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De adversarios a traidores a la patria

En textos anteriores dejé planteadas dos ideas que ahora retomo: 1) si el presidente López pierde (como sucedió) la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma eléctrica buscará culpables en la oposición; y 2) luego de las violaciones a las leyes electorales, está claro que nuestra débil democracia se ha perdido, es necesario recuperarla.

Continuando con estas ideas, hay que agregar que el mandatario, su gobierno y su partido han cruzado límites que ningún otro presidente se había atrevido a transgredir, en gran parte porque carecían del suficiente consenso y fuerza política, no por falta de ganas. Estas rupturas a los límites no se están dando en el marco de la arena política legal, sino que se han trasladado a otro escenario en el cual comienza a valerse todo, sea ilegal o no. Lo terrible del caso es que, acostumbrados a los excesos verbales de López Obrador, no estamos midiendo adecuadamente estas acciones. Los excesos del ejecutivo ya no son derivados de su estilo personal de gobernar, sino que representan una ruptura con el orden constitucional. 

La primera frontera que no debió franquearse fue la del respeto a las leyes electorales. Como varios analistas han señalado, los morenistas dentro y fuera del gobierno quebrantaron las leyes electorales durante el proceso de revocación (ratificación, en realidad). Se hizo propaganda descarada, se celebraron actos públicos para promover el voto a favor del nativo de Tabasco, se hizo promoción personalizada y un largo etcétera. La respuesta social fue nula, la de los medios, limitada y la de las instituciones electorales, débil. 

En este escenario, no hay nada que garantice que no se hará lo mismo en las elecciones de este año, en las del próximo y en la federal de 2024. Es solamente un asunto de sumas y restas: si infringieron la ley y no pasó nada, entonces lo harán de nuevo. Así de simple. Solamente una fuerte respuesta del INE anulando la votación del 10 de abril y del Tribunal Electoral ratificando la anulación hará que retrocedan, aunque sea un poco. Muchos advierten que si los consejeros y magistrado proceden a la anulación les costará el puesto. Sugieren que es mejor negociar. Es buen consejo, pero el presidente y sus huestes no quieren negociar. Es mejor cumplir la ley que esperar la generosidad de un ejecutivo autoritario. Anular la elección los mostraría al mundo como lo que son: delincuentes electorales. 

La segunda línea que se transgredió fue un día después del rechazo en la Cámara Baja de la reforma eléctrica. AMLO cumplió su palabra: llamó a los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC traidores a la patria. No es una cuestión de palabras o de estilo. Desde los tiempos de Diaz Ordaz no se manejaba la idea de que mexicanos trabajaran para “oscuros intereses, enemigos de nuestra soberanía”. Este regreso a un lenguaje que descalifica y quita derechos no es nuevo y presagia extremismos mayores. Los que no pensamos como López, pasamos de ser adversarios a traidores a la patria.  ¿Qué derechos legales tienen los traidores a la patria? De facto, ninguno, ni siquiera a que se respete su opinión y su privacidad (los ataques a Loret de Mola).

El tercer límite roto estuvo a cargo de Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de MORENA, respectivamente, quienes llamaron a la cacería de los diputados opositores. Mediante anuncios que recuerdan a los de “se busca”, se exhiben los rostros, los nombres y la leyenda de traidores a la patria de los legisladores enemigos. Los pegarán en postes y los distribuirán en todo el territorio nacional, a decir de los propios dirigentes morenistas. El ejemplo que pusieron no podía ser más indicativo, la foto de Salomón Chertorivski, opositor y judío. ¿Lo hicieron a propósito? Nunca hay que subestimar las malas intenciones.  Esta campaña de caza que recuerda a los nazis lleva la bendición presidencial y de la jefa de gobierno. En una curiosa similitud que recuerda aquella época, un morenista propuso expropiar los bienes de los traidores a la patria. 

La cereza en el pastel la puso el propio presidente López en la mañanera del 21 de abril. Ratificó el calificativo de traidores a la patria y exhibió el código penal para dejar entrever que podrían terminar en la cárcel porque supuestamente trabajan en favor de empresas extranjeras que se quieren apoderar de lo “nuestro”. Manejó tramposamente textos de los Flores Magón y de López Mateos para consolidar su acusación de traición, como si el entorno económico y político mundial fuera el mismo que el de principios del siglo XX o de los años 60 del mismo. 

Se han roto límites que debieron respetarse. Se hizo desde el poder y con una fuerza que ningún presidente mexicano había tenido en los últimos 50 años. Se hizo con planeación y ante la indiferencia ciudadana. No lo veamos como algo menor o pasajero.

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