Habrá que ver quién se anima a invertir en esta ciudad de la anarquía legalizada.

Mientras usted descansa, brinda y pasa unas felices fiestas de fin de año, las autoridades del Distrito Federal le preparan el mejor marco para que amanezca en enero en una ciudad más cara, sin compromisos de mejores servicios y con un marco legal que garantice que la anarquía y el delito de los grupos violentos que buscan desestabilizar el país, desde el DF, actúen con impunidad.

Expertos en el discurso lastimero, sabedores de cómo convertir en víctima a la peor escoria de esta sociedad, los grupos afines a los rupturistas han logrado estos días de asueto que los vándalos, criminales, que destruyeron una parte importante del patrimonio público y privado de la zona Centro de la ciudad, pasen ante los ojos de la ley como pobres angelitos.

Por iniciativa del PRD y del PT, en la Asamblea Legislativa se discute la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, todo para soltar a los presuntos delincuentes que cometieron actos de barbarie en la ciudad.

Este artículo establece que se impondrán penas de hasta 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tomen una determinación.

La motivación de los irresponsables legisladores que metieron esto al corazón de la toma de decisiones legislativas de la capital tienen como motivación aparente la liberación de esos 14 indeseables personajes a los que se les demostró su participación en los hechos violentos del 1 de diciembre pasado.

De facto, lo que están haciendo es reducir la autoridad del nuevo Gobierno del Distrito Federal.

Es una manera de minimizar a Miguel Ángel Mancera, de atarlo de manos y de quitarle el poder de controlar en beneficio de la ciudad el monopolio de la violencia.

Porque con la posibilidad de vivir en la impunidad ante los actos vandálicos, éstos habrán de multiplicarse para causar el efecto de rompimiento y desorden social con el que tanto han soñado los personajes más conocidos por su enferma obsesión de poder.

Y como está claro que ya no hay afinidades entre las tropas del desequilibrado mesías tropical y la actual administración, pues la determinación es sitiar la ciudad y hacer rehenes a sus autoridades y ciudadanos.

¿Qué pensarán ahora los empresarios que invirtieron millones de dólares en establecer hoteles, restaurantes, centros comerciales y demás infraestructura propia de una ciudad de primer mundo en una zona que ahora queda tan desprotegida?

Y no sólo el Centro, los destrozos protegidos por la impunidad de la Asamblea Legislativa pueden extenderse a cualquier parte de la ciudad.

A los dueños de esos capitales les prometieron una ciudad de leyes. Hay que ver el desarrollo del Corredor de Reforma, de la propia Alameda Central, para pensar que dentro del costo de oportunidad de esos negocios estaba presente el artículo 362 de código penal.

Hoy que la pena ya no es de 50 años para castigar el terrorismo urbano, sino de dos años, hay que ver quién se queda y quién se anima a invertir en esta ciudad de la anarquía legalizada.

Si el Jefe de Gobierno se deja pisar así, se convertirá rápido en un rehén de los grupos fácticos de poder de la capital.

Porque mientras la ALDF nos garantiza impunidad en caso de actos vandálicos, el equipo de Mancera está viendo de dónde nos saca más dinero a los ciudadanos.

Ya le echaron el ojo a la Tenencia. Echarse para atrás en eso de la reducción del pago del impuesto por el uso de los vehículos, lo cual es un gran incentivo para mantener un parque vehicular viejo.

Y la otra es cobrar el Predial con base en el costo comercial no catastral del inmueble, lo que multiplicaría el pago de las propiedades.

¿A cambio de qué? Podríamos preguntar al gobierno de la ciudad. ¿De mejores servicios, mejores calles sin baches, mejor infraestructura?

No lo creo. Seguro que el dinero extra lo necesitarán para reparar todo lo que seguirán destruyendo los grupos bien entrenados y financiados que podrán ahora destruir lo que quieran con la impunidad lograda por sus patrocinadores y su poder en la Asamblea Legislativa.

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