¿Banda ancha móvil?

Como he dicho anteriormente en este espacio, el impacto que tienen los servicios de banda ancha en el desarrollo económico de un país está bien documentado y avalado por múltiples estudios académicos. También existen muchos ejemplos de cómo las conexiones de datos a alta velocidad han viabilizado el desarrollo de nuevas oportunidades de educación, salud y empleo en comunidades no urbanas.

En otras palabras, existe amplia evidencia cualitativa y empírica que demuestra que es beneficioso para cualquier gobierno impulsar el crecimiento y adopción de las diferentes plataformas tecnológicas que ofrecen este servicio.

Pero no todas las conexiones de banda ancha son iguales. Esta realidad toma mayor validez cuando se intenta equiparar el desempeño de servicios alámbricos como DSL o cable módem con los que ofrecen redes móviles, por el simple hecho de que ambos pueden cumplir con el requisito de ofrecer teóricamente velocidades superiores a 1 Mbps.

Nadie puede negar que con el advenimiento de las redes 3G a los distintos mercados de América Latina gran parte de la población tuvo por primera vez acceso a un correo electrónico o redes sociales. Pero también es cierto que la definición de esta tecnología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como aquellas que son capaces de ofrecer velocidades de descarga de 2 Mbps, si la conexión se encuentra estática, y de hasta 384 Kbps si está en movimiento.

En otras palabras, los gobiernos latinoamericanos que han establecido una definición de banda ancha con velocidades de descarga mayores a 384 Kbps pero menores a 2 Mbps se encuentran con un interesante: ¿cómo justificar la contabilización de todas las conexiones de 3G como banda ancha?

¿Realmente podemos hablar de banda ancha móvil cuando nos referimos a 3G, si la mayor parte del tiempo que estas conexiones son utilizadas el usuario se encuentra en movimiento? El problema de contabilizar todas estas líneas como banda ancha es que se puede estar creando un espejismo sobre la verdadera realidad de conectividad del país. Desafortunadamente, si uno no conoce donde está la necesidad o el problema, no puede tomar las acciones necesarias para arreglar la situación.

La llegada de nuevas tecnologías móviles como HSPA+ y LTE servirá para solventar el presente problema de sobreestimación de conexiones de banda ancha que existe en América Latina. No obstante, para que el impacto de estas tecnologías sea importante, se deben adoptar políticas públicas que fomenten y viabilicen su despliegue en localidades rurales. Siempre teniendo en cuenta que la colaboración entre el gobierno y el sector privado es esencial para que sea exitosa.

Las medidas que se pueden adoptar para fomentar el desarrollo de banda ancha en zonas rurales (sobre cualquier plataforma tecnológica) incluyen abaratar los costos de importación de equipos; integración de estas áreas en los planes de conectividad nacional y regional del país; emprendimientos público-privados; la desburocratización al momento de entregar permisos para el despliegue de infraestructura; la asignación de espectro radioeléctrico para este fin y el desarrollo de una red dorsal de fibra óptica que permita a los operadores de servicios fijos y móviles poder comercializar sus ofertas en estas áreas.

Si un operador ya sea por DSL, cable módem o LTE desea brindar una conexión de banda ancha en una zona rural, éste tiene que buscar la forma de conectarse a la red dorsal nacional para poder ofrecer el servicio.

Al final de cuentas lo importante es saber que cuando de manera oficial un funcionario público hable de accesos de banda ancha tengamos la seguridad de que, indistintamente la tecnología utilizada, las velocidades ofrecidas son reales y no las obtenidas en pruebas de laboratorio.

*Jose F. Otero es director de 4G Americas para América Latina y el Caribe.