Anticonstitucional

Cualquier intento por reformar la Constitución es, al menos al principio, un atentado en su contra. Arranca declarando, casi por definición, que su forma actual tiene al menos un error: hay algo en su redacción que desprotege o lastima los intereses de México y de los mexicanos. 

Afortunadamente, la aprobación de una iniciativa de reforma provoca un milagro de transustanciación. En el momento en el que supera los elevados umbrales de apoyo requeridos en el Congreso de la Unión y los congresos locales, el esfuerzo deja automáticamente de estar posicionado –explícita o implícitamente– en contra de la Constitución. Todo lo que argumentó pasa a estar a favor de la Constitución reformada. Este es el caso, por ejemplo, de la reforma energética de 2013. No hay duda de que partió diagnosticando que los recursos y resultado del gobierno mexicano ya eran insuficientes para justificar su monopolio sobre el sector energético; por lo tanto, pintaba a la Constitución, al menos en materia energética, como un documento obsoleto que limitaba el potencial del país. En el momento en que se aprobó, esta campaña se convirtió en una explicación de por qué tenemos como país el modelo actual, abierto a la inversión y a favor de la libre competencia –por qué nuestra Constitución dice lo que dice.

Pero no siempre ocurre así. Es posible que el milagro de la transformación, por más que se procure, de plano no ocurra. Si no se consiguen los votos, es obvio, la Constitución no cambia. Justo por eso, las críticas iniciales a su estado actual no necesariamente terminan constituyendo un respaldo. De hecho, se pueden quedar atoradas donde arrancaron: en el atentado. Solo la intervención humana, desplegando voluntad política, las puede salvar de volverse en meros ejercicios de daño reputacional a la Constitución. Si, ya que saben su iniciativa derrotada, sus promotores no reconocen que su diagnóstico de necesidad de cambio no es más importante más que el prestigio y autoridad de la Constitución, lo que terminan haciendo es una campaña contra la Constitución, a favor de un orden no constitucional. Quizás esto no sea inconstitucional, pero ¿no es profundamente anticonstitucional?

Lamentablemente, con el contexto de la reforma eléctrica propuesta por el gobierno actual, esta discusión no es meramente teórica sino práctica. Si el gobierno no tiene los votos para lograr cambiar la Constitución en materia eléctrica, como algunos líderes parlamentarios de Morena lo han reconocido, ¿qué exactamente están buscando con su extraordinario esfuerzo de movilización? ¿Cómo podemos evitar un escenario donde todo esto acabe en daño moral a la Constitución?

Claro que aún se puede creer que todo esto parte de un esfuerzo democrático de buena fe. Que, llegado el momento, la primacía de la Constitución se va a respetar. Pero las propias palabras que están usando los proponentes de la reforma podrían terminar arrinconándolos. Si su iniciativa eventualmente es derrotada, no la tienen fácil para pivotear hacia el reconocimiento de la necesidad de proteger el prestigio y autoridad de la Constitución. Al final del día, lo que se ha transmitido no es exactamente que sería conveniente que la Constitución evolucione para estar al día en tiempos cambiantes y para generar más oportunidades para los mexicanos. En lo que más han insistido es en afirmar que la Constitución ha amparado a los malos en detrimento de los buenos. Los enemigos en el discurso pueden ser los neoliberales. Pero queda claro que, para hacer lo que quiere, hoy el gran obstáculo del presidente y su equipo es la Constitución.

Por ahora, este esfuerzo es anticonstitucional. Esto puede sonar adjetivo, coyuntural, pasajero. Aún puede transustanciarse o suspenderse. Pero es imposible descartar que más bien constituya el espíritu encarnado de un movimiento que pretende instaurar un nuevo régimen en el territorio nacional: la cuarta transformación.

Twitter: @pzarater