Acostumbrarnos al atropello

La principal razón de la existencia de un estado, es la salvaguarda que este pueda procurar de los derechos colectivos e individuales en un marco de certeza y garantía que otorgan las leyes en dicho país. El pilar de sostenimiento de aquel régimen de legalidad, fundamentalmente se significa en la constitución cuya letra viene a marcar el punto de partida para que el devenir de la vida cotidiana pueda regirse mediante un orden convenido.

Cuando el régimen de constitucionalidad permite fugas y fracturas en su observancia, la violación reiterada se vuelve permisible por conveniencia; el futuro se compromete hacia el caos procurado y la certeza jurídica sencillamente se desmorona. En este cause podemos ubicar lo ocurrido con la apresurada aprobación del afamado “Plan B”, mediante el cual desde el mismo proceso legislativo, presenta un cúmulo de violaciones e irregularidades que, no solo lo ubican fuera de la legalidad constitucional, sino que vienen a representar francas contradicciones con el régimen legal vigente.

Es de todos conocido el afán demoledor que pesa sobre el Instituto Nacional Electoral por parte de la actual administración federal, con esta acción, el asunto ha llegado al borde del absurdo y el atropello. Pero el problema tenderá a agravarse en la medida que este tipo de acciones provenientes del mandato del poder, se hagan habituales y obedientes a un parecer individual.

Si tan solo nos apegamos al proceso legislativo mismo, encontraremos que, en razón del tema y trascendencia, las Comisiones de Estudios Legislativos y la Comisión de Gobernación debieron sesionar en conjunto. Dicha cuestión que no ocurrió y con una aprobación por solo 10 votos, sin la intermediación de debate alguno y prácticamente un pocos minutos, se aprueba en comisiones una reforma que pacta la asfixia del INE. Desde tal frente, el disminuido bloque de oposición, ya tiene material de impugnación ante la irregularidad en el trayecto de aprobación legislativa.

Por otra parte, si nos adentramos al fondo de la reforma a las seis leyes secundarias que procuran un cerco de asedio al Instituto, encontraremos que la inconstitucionalidad es lo que campea al contravenir diversas disposiciones tales como los artículos 41, 80 y 116 de la Carta Magna. Si bien ello deberá ser materia de impugnación, lo más grave será quizá que, con total conocimiento de causa, un legislador pueda pasar por alto un cúmulo tan escandaloso de graves irregularidades.

La reforma per se busca hacer inoperante al aparato democrático electoral ya que, si bien es cierto que toda institución debe adecuarse a los tiempos y buscar su perfeccionamiento, este cúmulo de acciones solo buscan segarle los pies al encargado autónomo de la labor. El otro polo del problema es que, se sobreponga ante cualquier viso de legalidad la sinrazón del no debate y la socialización de ideas, y prevalezcan voluntades que atropellan al ya mancillado estado de derecho mexicano.

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