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Deportación de hijos de inmigrantes, a partir del 27 de julio
La Corte Suprema determinó el viernes que ningún juez federal puede bloquear decretos del presidente Trump, es decir, abre la puerta para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

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Washington. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deportará a los niños considerados no elegibles para la ciudadanía estadounidense hasta que la orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento entre en vigor el 27 de julio, dijo un abogado del Gobierno ayer después de ser presionado por dos jueces federales.
Durante audiencias separadas en demandas que impugnan la orden de Trump, los jueces de distrito de Estados Unidos Deborah Boardman en Greenbelt, Maryland, y Joseph LaPlante en Concord, Nuevo Hampshire, establecieron cronogramas acelerados para decidir si la orden puede ser bloqueada nuevamente basándose en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el viernes que limita la capacidad de los jueces para impedir sus políticas a nivel nacional, no excluye las medidas cautelares en demandas colectivas.
"Siempre hay mucha Ambos jueces solicitaron al abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos Brad Rosenberg, que representó al Gobierno en ambos casos, garantías de que la administración Trump no se movería para deportar a los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente al menos hasta que la decreto entre en vigor.
Rosenberg dijo que no lo haría, lo que Boardman y LaPlante le pidieron respectivamente que confirmara por escrito el martes y el miércoles.
En el caso de Maryland, los defensores de los derechos de los inmigrantes revisaron su demanda apenas unas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, fallara el viernes a favor de su caso y de otros dos que impugnaban el decreto de Trump.
La resolución de la Corte Suprema no abordó el fallo o la legalidad de la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump, sino que frenó la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales "universales" para bloquear las políticas del presidente republicano en el país.
Y duro y dale contra Harvard
El gobierno de Donald Trump acusó ayer a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en su campus y le amenazó con suprimir "una amplia gama de privilegios federales" si no cumple con la ley para combatirlo.
"Harvard ostenta la lamentable distinción de ser uno de los caldos de cultivo más prominentes y visibles de la discriminación racial", señala una carta dirigida a Alan Garber, el presidente de la prestigiosa institución, por el grupo de trabajo gubernamental creado para combatir el antisemitismo.
Tras una investigación "minuciosa", la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluye que la universidad "ha infringido violentamente" la ley que "prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional".
