Londres. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en Londres la “brutalidad policial” utilizada en algunos países para reprimir protestas fustigadas por la desigualdad social y llamó a los dirigentes a “escuchar las críticas”.

Mencionando países como Chile (que ella presidió en los periodos 2006-2010 y 2014-2018), pero también Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Francia, Hong Kong, Líbano, Rusia y España, Bachelet hizo hincapié en la multiplicación este año de las protestas callejeras.

“Esto sugiere que un movimiento muy amplio está en marcha y denota un fallo fundamental de la política y la economía contemporáneas”, afirmó, atribuyendo estas manifestaciones a la existencia de una creciente desigualdad económica y social, y a la “percepción de un déficit democrático”.

Lamentó que en “la mayoría de estas protestas” la respuesta inicial se centrase en la acción policial.

Los gobiernos prefirieron “sofocar las protestas en lugar de escuchar lo que los manifestantes tienen que decir, y en muchos casos esto implicó acusaciones de excesos y a veces uso letal de la fuerza por parte de la policía”, destacó.

La “brutalidad policial” contra quienes “reclaman pacíficamente sus derechos humanos o expresan opiniones críticas constituye una violación de los derechos humanos, pero además, al aumentar la tensión, dificulta una salida sostenible de la crisis”, denunció Bachelet.

Haciendo balance de los desafíos para los derechos humanos en el instituto londinense de estudios diplomáticos Chatham House, la exdirigente socialista chilena consideró asimismo que sanciones como las que se imponen a Venezuela “están creando problemas adicionales”, debido a su excesiva aplicación.

Cesar la represión en Nicaragua

Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, instó al gobierno de Nicaragua a cesar “la persistente represión” de opositores, luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega asediaron dos templos donde huelguistas de hambre exigen la liberación de unos 139 presos políticos.

“El gobierno debe terminar con la persistente represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias y dejar de atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos”, dijo .

La represión estatal dejó al menos 325 muertos y cerca de 70,000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.