El ultraderechista Jair Bolsonaro, ex capitán de la reserva del Ejército con guiños autoritarios, rechaza algunas de las reglas del juego democrático y amenaza con socavar los derechos de los ciudadanos brasileños.

Un virtual triunfo de Bolsonaro, quien llega a la segunda vuelta como favorito en las elecciones presidenciales de Brasil del domingo, puede corroer a la democracia más grande de América Latina.

Brasil no es el único país latinoamericano sumergido en una crisis política: la democracia se ha derrumbado en Nicaragua; Venezuela sufre el yugo de una dictadura, y Bolivia y Honduras tienen graves problemas.

En El Salvador, Guatemala, Honduras y México, al igual que en Brasil, organizaciones criminales gobiernan los segmentos más pobres de muchas de sus ciudades, en detrimento de sus democracias.

Datos del proyecto Variedades de la Democracia, junto con otras fuentes, muestran que este sistema de gobierno es más débil de lo que lo ha sido durante décadas. La satisfacción con la democracia disminuye, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y el Latinobarómetro .

Uno podría esperar que Washington trabajaría para apuntalar las democracias en el continente. Sin embargo, como sugieren imágenes de los partidarios de Bolsonaro ondeando banderas estadounidenses, la nación norteamericana no ha ayudado a este desarrollo. En un artículo reciente publicado por el think thank Democratización, aparece un balance de cómo las políticas de Washington afectaron las transiciones autoritarias y derrumbes democráticos en América Latina desde 1945 hasta el 2010.

EU ya no apoya las democracias

La promoción actual de la democracia prácticamente ha sido abandonada por la administración de Trump. El año pasado, el Departamento de Estado consideró eliminar la promoción de la democracia de su declaración de misión de gobierno. Este año, la Oficina de Administración y Presupuesto intentó recortar los fondos para la Fundación Nacional para la Democracia, considerada, conjuntamente con USAID y el Departamento de Estado, una de las tres organizaciones clave que promueven la democracia.

Muchos golpes de Estado latinoamericanos, incluso aquellos que Washington denunció, ocurrieron porque Estados Unidos no manifestó de forma enérgica su apoyo a la democracia. El presidente Donald Trump elogia a los dictadores y parece sugerir que su país  respaldará soluciones no electorales a las crisis constitucionales.

Estados Unidos está ignorando a las instituciones multilaterales

En el pasado, las redes y organizaciones internacionales han ayudado a difundir la democracia. Desde principios de la década de 1990, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se asoció con Estados Unidos para contrarrestar los fraudes electorales y los golpes de Estado, en particular mediante la Resolución 1080 (1991) y la Carta Democrática Interamericana (2001).

Sin embargo, Washington no respaldó a la OEA y reconoció al gobierno de Honduras en las elecciones del 2017, pese a que la OEA denunció un fraude en las elecciones. Este año, Trump se convirtió en el primer presidente en no asistir a la Cumbre de las Américas, lo que sugiere una falta de interés en la zona.

Más allá del sistema interamericano, el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugiere una falta de compromiso con el multilateralismo.

Otros desafíos

La segunda vuelta en Brasil la disputarán Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad, quienes proponen dos modelos antagónicos para recuperar una economía que crece a marcha lenta.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil subió en 2017 en 1 % después de dos años de profunda recesión y, según las previsiones de los analistas, cerrará el 2018 con un aumento de 1.35%, menos de la mitad de lo previsto hace apenas un año.

A las debilitadas previsiones de crecimiento se suman unas cuentas públicas carcomidas por malas gestiones y por la corrupción, una elevada deuda pública (77.3% del PIB) y un desempleo que golpea a las puertas de 12.7 millones de brasileños (6.07%).

Los datos reflejan la situación de un gigante que avanza con pies de barro en materia económica, en medio de una creciente desigualdad y un aumento del número de pobres, que subió de 17.1 millones en el 2014 a 23.3 millones en el 2018.

Brasil dejó atrás su “época dorada”, en la que disfrutó de una economía boyante bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en la cárcel por la corrupción que se desató mientras estuvo en el poder.

Pero la situación se torció en el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff y Brasil se sumergió en la peor recesión económica de su historia (2015-2016), coincidiendo con una grave crisis política que desencadenó su destitución.

El poder lo asumió entonces su vicepresidente, Michel Temer, quien llevó adelante un paquete de medidas de austeridad para arreglar las maltrechas cuentas públicas.

Bolsonaro, guiado por su consejero económico, Paulo Guedes, ha prometido que si llega al poder pondrá en marcha una agenda liberal, con peso en las reformas y privatizaciones, mientras que Haddad garantiza ajustes fiscales más moderados, sin comprometer a las clases más desfavorecidas.

La agenda liberal del ultraderechista le ha servido para ganarse el apoyo de los inversores, que en los últimos años han expresado su animadversión al PT y han celebrado la ventaja del capitán de la reserva del Ejército, un nostálgico de la dictadura militar polémico por un historial de declaraciones machistas, racistas y homófobas. Su discurso transita entre la rabia y los prejuicios.

Pero Bolsonaro, quien según los últimos sondeos vencerá las elecciones del domingo con cerca de 60% de votos, también se ha comprometido a mantener algunos programas sociales y asegura que ampliará el programa Bolsa Familia, impulsado por Lula y que ofrece un subsidio de hasta 195 reales (52 dólares) para familias con bajos ingresos.

En su programa electoral, Bolsonaro ha insistido que el desequilibrio fiscal genera inflación y que el debate sobre las privatizaciones tiene como objetivo mejorar la distribución de renta en el país.

Su rival en las urnas, Fernando Haddad, ha reforzado por su parte el sello social que estuvo presente durante la gestión de Lula y que le valió el apoyo de los más pobres, especialmente en la región noreste del país.

Además del Bolsa Familia, el exministro de Educación defiende una reforma tributaria y bancaria, la exención del impuesto de renta para aquellos que ganen menos de 4,770 reales mensuales (1,272 dólares) y un aumento de la carga tributaria para los más ricos.

Bolsonaro dio con una fórmula atractiva en un país atribulado: ofrecer soluciones simples para problemas complejos.

Bolsonaro es un síntoma del descontento social que vive Brasil, no una solución.

¿Haddad podrá dar la sorpresa?