Sargazo le cuesta a Quintana Roo 17% de su PIB; BID estima pérdidas por 11,500 mdd al año

Cancún, QRoo.- El sargazo ya es un pasivo económico para Quintana Roo equivalente a 17% de su Producto Interno Bruto. El costo anual para el sector turístico por habitaciones canceladas, reservas pospuestas y deterioro de la imagen del destino asciende a 11,500 millones de dólares, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo.

El balance fue expuesto por Enrique Lendo, coordinador en México de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el marco de la 4ta Conferencia Unión Europea-Caribe Global Gateway sobre sargazo.

De acuerdo con Lendo, el impacto no solo es por la menor ocupación. Los hoteles enfrentan castigos en certificaciones, menor recomendación y tarifas a la baja cuando las playas están afectadas. A eso se añade el gasto operativo para mantenerlas limpias, que en la zona hotelera de Cancún y Riviera Maya promedia 150 millones de dólares al año solo por parte del sector privado.

Ante ello, la estrategia oficial para contener el fenómeno se basa en evitar el recale. El Gobierno de México opera a través de la Secretaría de Marina un sistema de barreras y buques recolectores que busca ampliar la captura en mar abierto. La meta que ha planteado la hotelería organizada es interceptar 90% en el mar y que únicamente 10% llegue a la costa.

Sin embargo, eso plantea un problema posterior: la gestión del volumen masivo de biomasa recolectado.

Ante ello, ña ONU identifica dos salidas: confinamiento controlado o aprovechamiento productivo. La primera implica riesgos, porque el sargazo concentra arsénico y metales pesados, por lo que requiere rellenos con especificaciones y regulación específica. La segunda abre la puerta a fertilizantes, bioestimulantes y biogás.

Ninguna de las dos está resuelta a escala comercial. Los proyectos que hoy transforman sargazo en insumos agrícolas o energía operan con subsidios de banca multilateral o de gobiernos. El reto es llevarlos a modelos bancables.

Lendo propuso replicar el esquema que siguió al Tratado de Libre Comercio, cuando México y Estados Unidos capitalizaron con 50 millones de dólares cada uno el Banco de Desarrollo de América del Norte para financiar infraestructura ambiental en la frontera. Ese banco, apoyado por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, permitió estructurar proyectos de agua, saneamiento y residuos con viabilidad financiera.

Bajo esa lógica, la apuesta es crear una plataforma que ayude a municipios, estados y empresas a formular proyectos de sargazo que puedan presentarse a fondos como CAF, BID o el Banco Europeo de Inversión con esquemas de financiamiento combinado, garantías y bonos de carbono que reduzcan costo y riesgo.

A nivel regional, el PNUMA administra el Convenio de Cartagena, que agrupa a 25 países del Gran Caribe, incluido México, con un plan de acción y un grupo de trabajo desde 2019 para homologar criterios de recolección y procesamiento. Lo que falta, admitió, es un mecanismo permanente que conecte oferta tecnológica, demanda local y financiamiento entre conferencia y conferencia