Guadalajara, Jal. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se mueven hasta 90,000 pesos diarios por manejo corrupto de los juicios laborales , de acuerdo con el informe el Palacio de la Impunidad , elaborado por el capítulo Guadalajara del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores.

Con base en este documento, el organismo se manifestó en contra de la Reforma Laboral del presidente Felipe Calderón, debido a que deja manos libres a la corrupción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje .

Y es que de acuerdo con el informe, en la JLCA el tiempo promedio de resolución de un caso simple en Guadalajara es de 24 meses, mientras en San Luis Potosí es de cuatro meses y en el Distrito Federal de 16, cuando, según lo previsto en la ley, el tiempo de resolución debía ser de dos meses.

Según el informe, el retraso de los juicios es un jugoso negocio tanto para funcionarios como para abogados y coyotes que manejan los procesos laborales de los trabajadores.

Es esta práctica, y no el supuesto interés de los trabajadores por obtener salarios caídos, lo que provoca la dilación de los juicios hasta por diez años , señala el documento elaborado por Cereal.

Explica que el trabajador es enganchado por un coyote o gestor a la entrada de la Junta y lo lleva con un abogado que en promedio gana 10,000 pesos por cada trabajador que representa.

El responsable del informe, Felipe Burgueño, detalla que después de pagar sobornos y explotar al trabajador, el coyote llega a un acuerdo jugoso con la empresa y deja a su cliente indefenso y empobrecido .

Tras presentar, con casos reales, el informe en el que describe las principales prácticas de corrupción utilizadas en la Junta local, el Centro de Reflexión y Acción Laboral manifestó que la reforma de Calderón porque omite las medidas que, a su juicio, podrían corregir de fondo los mencionados vicios.

No hace independientes a las Juntas del Poder Ejecutivo, no establece un órgano de vigilancia sobre el comportamiento de sus funcionarios, no obliga a un servicio profesional de carrera para los funcionarios y no combate el coyotaje ni la dilación de juicios .

Por el contrario, refiere el citado informe, la reforma carga al trabajador el costo de la dilación al limitar el pago de salarios caídos; da manos libres a los funcionarios para decidir sobre procesos laborales al crear la figura innecesaria del conciliador, y favorece los arreglos en lo oscuro .