Cancún, QR. El gobierno federal no ha dado respuesta oficial a la petición de organizaciones ambientalistas para que el complejo Malecón Tajamar, ubicado en el centro de Cancún, se reforeste tal como lo mandata un fallo judicial del año pasado.

El pasado 11 de octubre, la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez, entregó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una carta en la que solicitan que su gobierno reconozca el derecho a un medio ambiente sano, y que dé cumplimiento a la sentencia ya dictada por tribunales, que mandata reforestar los terrenos de Malecón Tajamar.

“Tajamar demostró que la prioridad deben ser los derechos humanos y la calidad de vida de los habitantes. Solicitamos a su gobierno que reconozca como ya lo han hecho los tribunales el derecho al medio ambiente sano a través del cumplimiento de la sentencia, y con ello la reforestación del sitio.

“Hacemos eco de su promesa de cero impunidad y estricto cumplimiento de la ley, cumpliendo la sentencia del tercer tribunal colegiado, y protegiendo las 72 hectáreas de humedales, así como el derecho humano al ambiente sano”, se lee en la carta que entregaron en Cancún a López Obrador.

Hasta el momento el complejo se mantiene paralizado, como en los últimos tres años, por el conflicto legal que obligó a detener los proyectos inmobiliarios que estaban planeados para construirse en su interior.

Malecón Tajamar es un proyecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en el cual el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre los años 2003 y 2012, para la urbanización de las 72 hectáreas que conforman todo el complejo.

Además de esa inversión, el libro blanco de Malecón Tajamar, elaborado por Fonatur, establece que entre el 2012 y el 2018 la administración federal ha tenido que pagar 35.5 millones de pesos de Predial y 4.3 millones por concepto de energía eléctrica, más otros 3.3 millones por vigilancia.

Una rendija

En entrevista con El Economista, Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, aseguró que pese al amparo definitivo que canceló los permisos de Malecón Tajamar, él considera que aún hay una opción, una rendija, para destrabar el conflicto legal y lograr que el proyecto se lleve a cabo como estaba planeado originalmente.

Se dijo partidario de explorar una solución que satisfaga al mayor número de involucrados en el tema, pues aunque se pueda destrabar, siempre habrá alguien que quede inconforme.

Se debe dar tiempo a la próxima administración federal para tomar decisiones con base en los análisis jurídicos y ambientales del asunto, añadió.

Antes de concluir la anterior administración federal, el entonces director de Desarrollo de Fonatur, Manuel Mercado Béjar, puntualizó en entrevista que el caso de Malecón Tajamar no está perdido judicialmente para quienes adquirieron terrenos dentro del complejo, pues aún existían mecanismos legales que se debían explorar para garantizar la certidumbre jurídica de inversionistas, es decir, de quienes compraron terrenos a Fonatur.