Cancún, QR. La Barra de Abogados en Quintana Roo señala que la declaratoria de emergencia ha generado más confusión que alivio entre el empresariado, pues se debe identificar la diferencia entre una Declaración de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor y una Declaración de Contingencia Sanitaria, “ya que la primera es un híbrido no contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y por consecuencia no suspende las relaciones de laborales mediante el pago de una indemnización de un salario mínimo por día de contingencia (topado a 1 mes) y la segunda sí”.

Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados en el estado, explicó que “se ha generado una enorme incertidumbre entre patrones y trabajadores por usar términos similares pero no iguales por parte del gobierno federal durante al anuncio de la declaratoria de emergencia.

En la declaratoria de Emergencia Sanitaria por Fuerza Mayor, dijo, se aplica el artículo 427 de la LFT, que se refiere a la suspensión por fuerza mayor no imputable al patrón. 

En contraparte, en la contingencia sanitaria, se aplica el artículo 42Bis de la citada ley, conforme a las disposiciones aplicables, que implique suspensión de labores y activa lo dispuesto en el artículo 429 FC IV y el 427, apartado VII, que se refiere a la indemnización de 1 día de salario mínimo general vigente por cada día de contingencia topado a 1 mes, sin requerir aviso a las Juntas de Conciliación y Arbitraje al entrar por decreto.

Agregó que en casos como el de la contingencia sanitaria por Covid-19, la ley se debe de aplicar a literalidad por lo que no hay espacio para interpretaciones máxime que en caso de duda por ley prevalecerá la interpretación que más beneficie al trabajador”, dijo.

Añadió que las autoridades competentes entienden perfectamente las diferencias y queda claro que no se quiere hacer la declaración de contingencia, al menos por ahora 30 de marzo del 2020 (fecha límite para la presentación de la declaración anual de impuestos federales de personas morales) y hasta el 30 de abril del 2020 (fecha límite para la presentación de la declaración anual de impuestos federales de personas físicas) por las afectaciones a la recaudación fiscal que esto supondría. 

A nivel local, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe pidió la declaratoria de emergencia para poder acceder a fondos y beneficios fiscales los cuales permitiesen a las empresas mantener por el mayor tiempo posible las fuentes de empleo que general. 

Inna German Gómez, presidenta del organismo, dijo, que una medida de esta naturaleza no debe tener como objetivo  apoyar a los empresarios, sino a la gente. “Una empresa no es nada sin su equipo de trabajo; por favor, piensen en eso”. 

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