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OIT inicia consulta de Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas en coordinación con Secretaría de Economía

La OIT aporta el acompañamiento técnico a la Secretaría de Economía mediante el programa Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

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El diseño de la política pública se estructura sobre el deber estatal de protección, la responsabilidad corporativa de respeto y el acceso a mecanismos de reparación de afectaciones.foto ee especial

María del Pilar Martínez

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Economía, formalizó el inicio de la consulta pública para la construcción de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas.

El proceso de construcción regulatoria se llevará a cabo a través de cinco sesiones de trabajo programadas entre el 24 de junio y el 19 de agosto de 2026. Las mesas de diálogo técnico se realizarán en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en la Ciudad de México y mediante plataformas digitales para integrar la participación de representantes de los sectores gubernamental, empresarial, sindical, académico y de la sociedad civil de las distintas regiones del país.

La OIT aporta el acompañamiento técnico a la Secretaría de Economía mediante el programa Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. La participación del organismo internacional busca alinear la propuesta con las normas internacionales del trabajo y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social.

El diseño de la política pública se estructura sobre el deber estatal de protección, la responsabilidad corporativa de respeto y el acceso a mecanismos de reparación de afectaciones. El esquema integra la debida diligencia y la conducta empresarial responsable como los ejes normativos para la operación de las unidades económicas en el mercado mexicano.

El planteamiento técnico incorpora factores de corresponsabilidad social dirigidos a modificar las condiciones del mercado laboral en materia de igualdad de oportunidades y reducción de las asimetrías originadas por las labores de cuidado que asumen las mujeres.

El periodo de recepción de propuestas y comentarios técnicos al documento de política pública queda abierto para la intervención de organizaciones de empleadores, sindicatos, comunidades indígenas e instituciones de investigación interesadas en el desarrollo corporativo y los derechos laborales.

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María del Pilar Martínez

Periodista dedicada a los temas laborales, empleo, sindical. En El Economista Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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