IFT cancela la subasta 5G de México por motivos de incertidumbre

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) canceló el proceso de licitación para concursar 2,223 lotes de espectro radioeléctrico de distinto alcance y naturaleza técnica para la prestación de servicios de quinta generación (5G) en México, identificado como la Licitación IFT-12. 

La cancelación de este concurso, luego de seis años de espera y casi un año de consultas públicas entre el IFT con la industria y la sociedad en general para su inicio formal en 2025, ocurre once días previos a la fecha prevista para el arranque de este proceso, el lunes 27 de enero próximo.

El regulador comunicó hoy que el jueves 2 de enero de 2025 recibió una petición de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en la que se expuso que esa autoridad o una tercera entidad que a mediano plazo gestione las políticas públicas de conectividad en México, no podría dar continuidad a la IFT-12 en los términos establecidos por el IFT.

“El IFT recibió, por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la dependencia del Ejecutivo federal encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, una solicitud para cancelar la Licitación No. IFT-12 en la que destaca que el nuevo organismo no tendría elementos para continuarla en los términos definidos por el IFT”.

“Ante esto y en aras de salvaguardar la certeza jurídica y regulatoria que debe prevalecer en todo procedimiento de licitación, el IFT determinó cancelar la Licitación No. IFT-12”, comunicó el regulador.

De esta manera quedó formalmente cancelada la licitación que en años y meses recientes llamó la atención empresas y cámaras industriales como la AHCIET, Telcel, AT&T, Altán Redes, la Anatel, Huawei, la GSMA, Qualcomm, Megacable, la Canieti, Viasat, Promtel y la ASIET, que manifestaron sus propuestas para que el IFT condujera un concurso exitoso para concesionar frecuencias para servicios de 5G.

La IFT-12 se trató del despliegue de tianguis de frecuencias para ampliar la conectividad en México, desde diversas bandas radioeléctricas, con cobertura de distinto alcance y nuevos mecanismos de asignación ante la política fiscal del gobierno mexicano que tasa caro el espectro aquí.

Era entonces un concurso con 2,223 lotes de frecuencias de alcance nacional y local, y de naturaleza técnica necesaria para desahogar el tráfico de los servicios de 4G; también para crear otros productos de 5G para empresas, gobierno o público masivo y para crear la primera cobertura 4G-LTE en regiones geográficamente inaccesibles o de escasa rentabilidad económica para las empresas del sector, donde viven 5 millones de mexicanos sin conexión a Internet.

Al concurso estaban contenidas frecuencias de los 600 MHz, idóneas para la ampliación de cobertura celular. También Banda L, que se ubica en los 1.5 GHz, y se ofertaría igualmente espectro en los 1.7/2.1 GHz (AWS); en los 1900 MHz (PCS) y en los 800 MHz, frecuencias de espectro radioeléctrico poderosas para la ampliación de coberturas celulares y para robustecimiento de redes 4G-LTE en zonas urbanas.

La banda de los 2.5 GHz también estaba a concurso mediante un paquete de 40 MHz de ancho de banda con alcance nacional que el gobierno federal ambiciona conseguir desde el sexenio pasado para entregarlo a la empresa Altán Redes, de la que la Comisión Federal de Electricidad pronto tomará el control.

En la IFT-12 no se incluyó espectro de los 3.5 GHz para su concesión, debido a que el regulador no logró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) quisiera reordenar un lote de estas frecuencias que tiene en su poder, para así, junto con otros 100 Megahertz de frecuencias que tenía recuperado, pudiera salir al mercado con un gran paquete de 3.5 GHz.

“La licitación de distintos bloques de espectro radioeléctrico de bandas como la de 600 MHz, 2.5 GHz, y 800 MHz, así como la banda L, entre otras, susceptibles para la provisión de servicios 5G se previó en los Programas Anuales de Trabajo 2022 al 2024 de este órgano regulador (…) La IFT-12 fue tomada en estricto apego al marco legal, en ejercicio de las facultades conferidas a este órgano regulador y que están vigentes hasta en tanto no se concrete su extinción, como lo establece el propio Decreto de reforma constitucional de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre pasado”, dijo el IFT.

El viernes 27 de diciembre, la ATDT anunció su intención de suspender la Licitación IFT-12 por considerar que el IFT se extralimitó en concursar las frecuencias pocos meses antes de su extinción definitiva luego de una reforma constitucional que suprimió la existencia de los órganos autónomos.

Y también, porque a su consideración la IFT-12 disentía en su contenido con los criterios de cobertura social que persigue la ATDT, con lo que esa dependencia acusó al IFT de cometer “un albazo”, a su vez recogido así por la prensa que simpatiza con el gobierno federal, que confundió al público al difundir que equivalen a lo mismo las frecuencias de espectro para servicios de Internet y telefonía, con aquellas señales para radio de FM.

El Gobierno de México anunció entonces dos movimientos para frenar la IFT-12. Primero, que intentaría que el pleno de cuatro comisionados del IFT decidiera suspender la subasta. Segundo, que la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, promovería una medida legal para cancelar la licitación en las siguientes dos semanas.

El jueves 19 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció el arranque de la primera subasta 5G de México, en un contexto de extinción de los órganos autónomos y de asfixia particular para el IFT por un recorte presupuestal del 70% que ya lo ahoga financieramente en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y el pago de sueldos a sus pocos más de 1,300 trabajadores.

Así, el IFT dio marcha atrás la que sería la primera subasta 5G de México, casi cuatro meses después del arranque de un nuevo gobierno federal, como ocurrió en agosto de 2019, en que el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la Red Troncal heredada por el también hoy expresidente Enrique Peña Nieto.