Cuestionan integración de comité para evaluar el uso del fracking en México

La Alianza Mexicana contra el Fracking manifestó que tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional, y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer.

Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.

Su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.

Además, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.

Y la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, conflictos de interés, insumos y deliberaciones del comité deben ser públicos. "Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones discrecionales", expresaron.

Aunado a esto, aseguran que no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática, ya que el fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil.

Por ello, y haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.

Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.

Y si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.

"La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada", expusieron.

"El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país o si sólo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada", expresaron en un comunicado.

Según esta organización, el fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones.

Por ello, presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reitera su postura: no hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.

Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella, aseveraron.