Una demanda por difamación por parte de un gobierno genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos, aseguró Consorcio Rivada.

No obstante, el consorcio dijo que está dispuesto a enfrentar la demanda que interponga en su contra el gobierno mexicano.

El hecho de que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de asociación público-privada, por los riesgos que ello implica , afirmó.

La semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que decidió contratar a la firma estadounidense Jones Day para emprender acciones legales en contra de Rivada Networks y su director ejecutivo, Declan Ganley, por las descalificaciones al proceso de la Red Compartida que pretenden desprestigiar a México, a sus instituciones y a la SCT. Al respecto, Rivada manifestó su entera disposición a enfrentar dicho proceso en las cortes estadounidenses, ya que constituye un hecho histórico, sin precedentes a nivel global .

Insistió en que los argumentos que ha presentado Rivada son ciertos y se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez, por lo que mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos del mismo, así como de los mexicanos, que claramente han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país .

Sin embargo, Rivada no sólo deberá enfrentar la demanda de la SCT, también la de Altán, quien también dio a conocer que hará valer sus derechos ante los tribunales competentes dado que todas las acusaciones vertidas por Rivada Networks carecen de sustento, son injustas y pretenden retrasar e impedir el desarrollo eficiente de la Red Compartida .

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