Chile es noticia esta semana en la industria de telecomunicaciones por dos resoluciones que sacudirán el mercado regional. En una polémica determinación, el Estado chileno “congeló” la explotación de la banda de 3.5 Gigahercios para servicios 5G y tiró contra las multinacionales Claro y Movistar y la nacional Entel por un acaparamiento indebido de espectro en la banda de los 700 MHz y muy aparte, pero al mismo tiempo, definió también una carga impositiva para los servicios over the top (OTT) como parte de una reforma estructural a sus esquemas de tributación. 

El gobierno chileno es puntero latinoamericano en definición de política regulatoria y ahora confirmó que los beneficios generados por la economía digital para empresas como Netflix, Spotify, Uber, Amazon o Airbnb son rentas que no se quedan tanto en su territorio para contribuir al desarrollo de los chilenos.

A la par de Chile, Colombia ha comenzado su propia estrategia fiscal para meter en cintura a los OTT, igualmente llamados proveedores de aplicaciones, contenidos o servicios, los PACS. A su vez, Argentina despliega una carga tributaria para esas empresas y Brasil discute hoy, en el marco de ejecución de su plan sobre Internet de las cosas (IoT) con el que quiere potenciar su desarrollo económico, cómo y cuánto regular a los OTT. Europa, por su parte, definió ya un modelo de protección al consumidor para cuando lleguen a presentarse abusos de esas plataformas.

Agentes regulados piden regulación para los PACS

México, más a la zaga en la materia, se ha pronunciado poco de manera oficial a través de sus autoridades sobre los OTT. Aunque no puede relacionarse directamente del todo con el tema, el caso más cercano fue una resolución de 2016 del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre Uno TV y sus transmisiones de contenidos. 

En la industria mexicana otro es el ambiente, pues independientemente de sus visiones de mercado e intereses económicos, en el sector hay voces que insisten al IFT en construir una política regulatoria para los OTT o, en su caso, a propiciar incentivos que equilibren las oportunidades de los agentes regulados, como los de la TV de paga, ante los nuevos hábitos de consumo de los usuarios que se decantan por plataformas como Netflix o Clarovideo.

Cámaras industriales como la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM) y organismos internacionales de la industria como la OTI, GSMA y la ASIET convergen en la postura de una necesidad de una política de equilibrios para los mercados.

Los OTT, poco en la agenda de los presidenciables

En el carrusel de promesas que los asesores de los candidatos presidenciales presentaron a los industriales de la radiodifusión y las telecomunicaciones reunidos en un foro de la GSMA, se trató escasamente el tema de las plataformas que corren sobre Internet.

Los asesores hicieron entonces más promesas que explicaciones sobre cómo llevar más servicios, más accesibles y de mejor calidad al usuario.

El aspirante presidencial José Antonio Meade, vía Javier Lozano Alarcón, su asesor en la materia, prometió la desaparición del IEPS a los servicios de telecomunicaciones y “una regulación mínima indispensable, que permita desplegar redes, compartir redes y ofrecer servicios de calidad” a los agentes de la industria.

Jorge Álvarez Hoth, asesor del panista Ricardo Anaya, prometió el ingreso de Teléfonos de México al mercado del video, como una manera de promover la convergencia en el sector.

Abel Hibert, el especialista de Andrés Manuel López Obrador en telecomunicaciones, planteó el aprovechamiento de la Red Compartida para empujar la cobertura social. Y tocó los temas de la Agenda Digital, la Neutralidad de la Red y la necesidad de replantear políticas conforme se desarrolla el ecosistema digital en México, lo más cercano que fue dicho sobre los OTT. 

Qué se llevan las plataformas sobre Internet

Los PACS son plataformas que han hecho negocio con la economía digital, pero la industria alega que invierten poco en infraestructura de telecomunicación y que exprimen las redes con la demanda de tráfico de contenido que generan.

Netflix, Uber o Amazon son gigantes de Internet que ingresan miles de millones de dólares por año por sus operaciones mundiales y los gobiernos quieren que parte de esos recursos se queden en sus países.

En 2017, por ejemplo, Netflix batió récords: logró ganancias netas por 558.9 millones de dólares, tres veces más que en 2016, y llegó a 118 millones de usuarios totales. Uber, por su parte, reportó pérdidas netas por el pago de multas que tuvo que pagar en el año, pero sus ingresos brutos aumentaron 85%, hasta los 37,000 millones de dólares y eso lo saben los gobiernos.

Colombia, como muestra y sabiendo que los OTT procesan sus cobros con tarjetas de débito o crédito, promovió una reforma tributaria que obliga al sistema bancario del país a cobrar un impuesto antes de enviar el ingreso a las cuentas de esas empresas, ya en sus casas matrices.

Chile ahora debatirá ahora la carga impositiva para los OTT, aunque conoce que esta será una recaudación compleja de lograr por el hecho de que muchas de esas empresas no se encuentran constituidas en su territorio. 

México: ¿hora de regular a los OTT?

El mexicano es un mercado prioritario para marcas como Uber o Netflix, uno que no deja de reportar beneficios a los OTT y por tanto, es justa una política regulatoria de sector y tributaria para todas esas empresas, coinciden especialistas.

En México, el negocio OTT operaba al cierre de 2017 7 millones 323,000 cuentas, de acuerdo con la consultora Dataxis, Y había en el país 18 marcas en activo, esto sólo para los OTT de video en particular, no los PACS en general. Amazon, Blim, CinemaUno, Clarovideo, Crackle, Crunchlyroll, Drama Fever, Filmin Latino, Fox Play, HBO Go, Hot Go, Mubi, Netflix, Qubit TV, Selecta TV, Viki, YouTube Red, hoy Premium, son los OTT más conocidos por el consumidor.

Netflix tiene cerca del 60% del negocio OTT de México y éste es su segundo mercado tras Brasil, platica Carlos Blanco, consultor de Dataxis. Blanco deja abierta la posibilidad de que los OTT empiecen a ser regulados, pero deja claro que los costos de una ineficiente política los terminará pagando el consumidor. 

Gisela San Juan, experta en tecnologías de la información, considera que el nuevo gobierno tendrá que trabajar de la mano del IFT y con la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco sobre el tema OTT y siempre con la claridad de que, conforme al marco regulatorio actual, esas plataformas no son considerados servicios de telecomunicaciones y que para poder competir contra ellas, empresas de radiodifusión, de telecom y de otros sectores han ido creando sus propios OTT, como Chivas TV. 

En México, ya el 78.1% de los usuarios de Internet acceden a contenidos audiovisuales, muchos de ellos OTT que incrementan el tráfico y presionan las redes, por ello el debate sobre estas plataformas tendrá que ser retomado por el nuevo gobierno, plantea Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law:

“Hay dos áreas en que ya quedó claro que debe haber regulación para los OTT. Una es la regulación impositiva y la otra es la regulación de protección al consumidor. De esas ya no se salvan y veremos qué ocurre en el nuevo gobierno. En Europa, los Netflix y los Google ya aceptaron la normativa y Colombia y Chile, los OTT no están cuestionando. Antes los OTT pensaban que estaban en un régimen privilegiado e intocables, pero ya se dieron cuenta que son mortales y están empezando a reconocer la territorialidad de las leyes y que ninguna empresa de Internet es ajena al país donde presta sus servicios”.