La regulación del outsourcing tiene dos líneas de reflexión: qué se puede hacer con la ley actual y vacíos en la legislación que pueden detallarse. Esas dos preguntas son las que se deberían responder antes de plantear una reforma en materia de subcontratación, opinó Graciela Bensusán.

“Hay que buscar el mejor modo de asimilar las diferencias entre las posturas y cuál es la mejor manera de evitar que esta figura lleve a la precarización del empleo, a que haya desigualdad de condiciones de trabajo entre personas que realizan la misma actividad por razón de estar subcontratado o no”, comentó la profesora investigadora de Flacso México al respecto del “freno” de la discusión en el Senado.

La especialista consideró que la discusión sobre la subcontratación debe girar en torno a dos ejes: cuáles son los puntos necesarios para garantizar una buena tercerización que no afecte a los trabajadores y, por otra parte, en qué casos se debe permitir o no el outsourcing.

Desde la perspectiva de la profesora investigadora de Flacso México, la subcontratación mal hecha ha abonado en la precariedad laboral, por lo cual su regulación es necesaria. Sin embargo, antes de reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), nuestro país debe aplicar el marco regulatorio con el que ya cuenta.

“Hay muchas cosas, sin duda, por hacer, como en materia de fiscalización y, de hecho, ya lo está haciendo la Secretaría del Trabajo”, puntualizó la especialista en conversación con El Economista.

Si bien la regulación de la subcontratación se puede enriquecer en la LFT, el primer paso es aplicar lo que se tiene para analizar los vacíos que se pueden cubrir, por ejemplo, mecanismos para evitar que el outsourcing genere una reducción en los costos laborales.

La subcontratación debe ser la excepción y no la regla de las relaciones laborales, sentenció, y en ese sentido consideró que la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia tiene un extremo como equiparar la subcontratación ilegal a crimen organizado, pero reconoció que hay puntos rescatables, como la creación de una Norma Oficial Mexicana para garantizar una buena subcontratación o garantizar el reparto de utilidades.

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