PRI plantea reforma para terminar con rezago de las demandas laborales que se quedaron en las Juntas de Conciliación

El rezago que dejó la reforma laboral de 2019, al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe contar con un plan y programa de trabajo, estableció la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, al presentar una propuesta que reforma diversas disposiciones e incluye tres rubros que buscan avanzar en la conclusión de las demandas que se encuentran sin resolver.

En ese sentido, detalló que si bien, en términos del artículo décimo sexto transitorio de la LFT se estableció la obligación de presentar un plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos, en la legislación no se previó con claridad que dicho plan y programa debería contemplar, los términos, condiciones y cronología para lograrlo, así como los medios bajo los cuales se respetarían los derechos de los trabajadores y de los usuarios, sin ocasionar perjuicio alguno.

Para que ese proceso sea exitoso, expone la legisladora, es indispensable que se consideren tres rubros: Abatimiento de rezago; Disposiciones para la conclusión de conflictos de seguridad social; Protección de los derechos de los trabajadores.

Sobre el primer punto la propuesta detalla que es ”la intención es establecer con claridad el método, que incluyan las condiciones, los términos y la calendarización de metas con procesos claros, con lo cual se logren erradicar las viejas prácticas que ocasionaron la saturación del sistema y en consecuencia la conclusión y cierre de las juntas (falta de presupuesto, intereses creados por los usuarios, y manipulación de la justicia laboral).

“Para abatir el rezago y concluir los procesos, se debe trabajar desde su origen, es decir, qué lo causó y por qué se causó, trabajar bajo esa consigna a fin de combatir el mismo con sus fuentes primarias”, destaca Vargas Rodríguez.

Dado que 60% de los conflictos que hay en las juntas, especialmente en la Federal, son casos relacionados con la seguridad social, la propuesta de la legisladora contempla que se establezca un cronograma que permita sentar las bases para la creación de acuerdos interinstitucionales y convenios de colaboración bajo los cuales operarán, a fin de lograr la conclusión de dichos conflictos.

Por otra parte, destaca que el ordenamiento señala la protección de los derechos de los trabajadores que se vean involucrados en la transición; sin embargo, no establece la forma y términos en que han de ser protegidos, “por lo que se plantea la necesidad de reformar tal precepto, estableciendo los términos y condiciones en que trabajarán y, en su caso, transitarán los trabajadores de las juntas, es decir, sólo ellos están debidamente capacitados para lograr un cierre correcto de las juntas de conciliación, si se les otorgan las directrices claras y los parámetros bajo los cuales han de trabajar en cada rubro a atender, así como la certeza de continuar con su labor se permitirá combatir el rezago, sentar las bases para la conclusión de los conflictos de seguridad social”.

Asimismo, contempla buscar su transición hacia el retiro digno respetando sus derechos laborales conforme a las leyes aplicables para quienes tengan el derecho, en su caso, el apoyo para poder transitar de manera colateral hacia instancias propias del gobierno federal a través del Servicio Profesional de Carrera o hacia el Poder Judicial, respetando sus lineamientos internos. Deben estar por el periodo que dure el cierre de las juntas que se podría proyectar a seis años.