Mientras continúan las gestiones para que el gobierno revierta el impuesto a los automóviles con valor mayorista a partir de 1.3 millones de pesos argentinos, varios de los grupos nacionales que tienen la licencia para distribuir marcas importadas en el país ya replantean sus modelos de negocios para transitar ese camino, al que esperan que sea sinuoso, pero no demasiado largo.

“Intentaremos que se entienda que esta decisión es perjudicial. Primero, para el consumidor, terminará cerrando el mercado. Dejarán de llegar autos modernos, con la última tecnología, y en el mercado local van a volver a predominar los productos viejos y caros. Como pasó hasta los 90”, razona uno de los empresarios de ese negocio. “En el medio, lo que podemos hacer es replantear nuestras estrategias. Para llegar hasta donde podamos. Ya lo hicimos entre el 2014 y el 2016”, añade la fuente.

Reducción de volúmenes, eliminación de versiones y redefinición de sus portafolios, algunas de las medidas que se tomaron entonces. Por ejemplo, la distribuidora de Hyundai en Argentina ya está preparada para seguir la misma huella que trazó en aquellos años: desagotar su stock de automóviles, no renovarlo y concentrarse sólo en los vehículos comerciales, no alcanzados por el impuesto. 

La semana pasada, el gobierno de Alberto Fernández decidió que los vehículos desde 1.3 millones de pesos argentinos a precio mayorista (1.7 millones, al público) paguen un impuesto de 20% (tasa efectiva de 25%) y aquellos desde 2.4 millones de pesos (3.1 millones de pesos argentinos en concesionario) tributan 35% (tasa efectiva de 54 por ciento).

Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores—también representante de la italiana Alfa Romeo, la japonesa Isuzu y las chinas Baic y Foton—, advirtió que más de 20 marcas asociadas podrían levantar sus operaciones de Argentina. Precisó que la baja de la base impositiva afecta a 43% de los modelos y versiones que se venden en el país.