Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, afirmó que las empresas que utilicen la subcontratacion ilegal, como un medio para la contratación de trabajadores, podrían enfrentar el congelamiento de sus cuentas.

Entrevistado luego de su participación en el Parlamento Abierto sobre Subcontratación en el Senado de la República, dijo que “el hecho de que se considere outsourcing ilegal, es decir, que no cumplan con sus obligaciones fiscales, puede ser considerado delincuencia organizada”.

Destacó que en la coordinación que se tiene actualmente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la Secretaría del Trabajo, “podría dar incluso a que se considere delincuencia organizada al que preste el servicio, pero a la vez también podría dar lugar al congelamiento de cuentas”. 

Tras dejar en claro que quienes hagan uso de manera adecuada “y se porten bien” sostuvo que en lo que corresponde en la parte fiscal, “se cree que se tiene las herramientas necesarias para poder atacar el servicio o lo que se da de tercerización u outsourcing que no cumple con sus obligaciones fiscales o de seguridad social. Estamos analizando, tenemos un grupo interinstitucional en el cual estamos trabajando”.

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