El tema de la corrupción domina la agenda pública y ha pasado ya a la agenda gubernamental, por lo cual debiera aprovecharse esa inercia para dar el siguiente paso y generar las políticas públicas que permitan consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseveró Eliseo Rosales Ávalos.

Entrevistado en el marco de la presentación de su libro Sistema Nacional Anticorrupción. Problema de todos; responsabilidad de nadie, en el auditorio de El Economista, dijo que luego de las reformas constitucionales y otros ordenamientos que hicieron posible establecer entramado legal e institucional para combatir el fenómeno (incompleto aún) falta diseñar las políticas públicas que hagan posible un ataque efectivo en ese sentido.

El arranque del sistema con todos los nombramientos que se tienen que hacer a escala federal y estatal y el recelo que hay de la sociedad civil hacia las instituciones y la desconfianza muy fuerte hacia el gobierno del presidente Enrique Peña empantanaron los procesos a grado tal que no se ha logrado hacer una propuesta sólida de política pública, relató.

Destacó que el SNA se encuentra inacabado sobre todo porque de los siete asientos del Comité Coordinador uno está vacío, el del fiscal anticorrupción, que no ha sido nombrado.

Sin embargo, dijo que lo grave es que el SNA no ha logrado su objetivo primordial: hacer la política pública en materia de anticorrupción. Indicó que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana debieron ya haber presentado una propuesta de política pública con el fin de que el gobierno diseñe las herramientas que harán posible contener y eliminar las prácticas corruptas en las diferentes instancias de gobierno.

El problema del SNA es que creó un ente burocrático que dificulta la toma de decisiones de los actores que en ellos intervienen (siete), además de que hay un recelo entre instituciones y ciudadanos.

El sistema está regido por un comité coordinador integrado por el presidente (que a su vez es presidente del Comité de Participación Ciudadana), así como por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, Consejo de la Judicatura, así como el fiscal anticorrupción.

Dijo que el problema se agrava porque no se hicieron las previsiones presupuestales para hacer viable la implementación del sistema. Indicó que actualmente hay dos posturas en torno a lo que se necesita para hacer eficiente el sistema: una, que dice que hay que dar más facultades al Comité de Participación Ciudadana porque actualmente sus recomendaciones no son vinculantes, y otra que subraya que la responsabilidad de atacar la corrupción es de las instituciones públicas.

Esto último quiere decir que los ciudadanos deben ser coadyuvantes, supervisores, con más facultades, si es necesario, pero no tenemos que quitarle la responsabilidad al gobierno de atacar el fenómeno. “No soy partidario de darle más facultades, sino de crear una institución sólida donde haya un responsable y no muchos”.

Consideró que el Comité de Participación Ciudadana no tiene una agenda clara sobre la generación de políticas públicas. Dijo que debería hacerse un plan a 20 o 30 años que pudiera atacar al fenómeno de la corrupción.

El principal objetivo del sistema es coordinar la política pública y para poder hacerlo primero hay que planearla.

AMLO pone el acento en los sujetos, no en los procesos anticorrupción, dice.

Por otra parte consideró que no existen riesgos de retrocesos en la consolidación del SNA con la entrada del próximo gobierno federal. Sin embargo opinó que si bien el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganó con la bandera de combatir la corrupción, no cree que el SNA sea una prioridad para él, no lo ve como un actor relevante, y su esfuerzo anticorrupción será solamente parcial porque sólo hace énfasis en los procesos.

Un libro que contribuye al debate sobre el fenómeno de la corrupción

Explicó que el libro que presentó la semana pasada formará parte de una trilogía que tiene el objetivo el análisis del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

Concretamente, el autor realizó un estudio de las leyes que sustentan al Sistema Nacional Anticorrupción, que son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas, que van acompañadas con al menos otras cuatro leyes.

En el libro se exponen los alcances del andamiaje legal del SNA y se cuestiona si responde o no a los retos que plantea el fenómeno de la corrupción en el país.

 

diego.badillo@eleconomista.mx