La petrolera estatal brasileña Petrobras acordó con el gobierno de Uruguay su retirada del país sudamericano, la finalización de las concesiones de dos empresas de distribución de gas y el desistimiento de litigios pendientes entre las partes.

El anuncio fue realizado por el gobierno uruguayo el martes 16 de julio por la noche, luego de una reunión del presidente uruguayo Tabaré Vazquez con el titular de Petrobras Uruguay, Roberto Castello Branco, mediante un comunicado difundido en Uruguay y Brasil.

Según el acuerdo, las concesiones en poder de Petrobras terminarán el próximo 30 de septiembre, y el Estado uruguayo asumirá todas las operaciones "de forma de dar continuidad a los servicios".

"Uruguay hará la gestión hasta que se puedan conseguir nuevos inversionistas", dijo Vázquez el miércoles en Santa Fe, Argentina, a su llegada a la cumbre de presidentes del Mercosur.

Además, las dos partes acordaron dejar sin efecto las disputas o litigios pendientes, "sin reclamos de especie alguna", según el comunicado conjunto.

 

Tras este anuncio, el sindicato de trabajadores del gas de Uruguay levantó este miércoles 17 de julio una huelga de 37 días ante la amenaza de despidos en el sector.

"Este es un paso importantísimo en función de los dos objetivos que teníamos: el resguardo del servicio público de gas natural y de las fuentes de trabajo", dijo en rueda de prensa el vocero del gremio, Alejandro Acosta, tras la asamblea de trabajadores que por unanimidad y entre vítores decidió levantar el paro.

Petrobras en Uruguay, una experiencia "nefasta"

El acuerdo pone punto final a un largo conflicto, que en su punto más álgido propició la ocupación de la instalaciones de la empresa por parte de los trabajadores e incluso una huelga de hambre.

Petrobras, sumida en el escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato" en Brasil, alega que su actividad en Uruguay es deficitaria y había expresado su intención de abandonar el país como parte de un proceso de reducción de activos para reposicionar su negocio.

Los trabajadores acusaban a la firma de "abandonar la gestión responsable" del servicio de gas por cañería, del cual es concesionaria desde el año 2004, y pedían al gobierno que le quitara esa licencia. También reclamaban por la reducción de la plantilla laboral y la amenaza de más despidos.

"La experiencia con Petrobras ha sido nefasta. (Es) una empresa que no ha peleado por mejorar la cantidad de usuarios, no ha tenido una política de ampliación, ha declarado que no le interesa estar en Uruguay... Naturalmente, no son esas las inversiones que Uruguay necesita para construir desarrollo productivo con justicia social", dijo este miércoles al término de la asamblea el presidente de la central sindical PIT CNT, Fernando Pereira.

"Sea quien sea" que gestione de ahora en más el servicio público de gas natural, "nosotros vamos a aportar nuestro esfuerzo para desarrollar la empresa y que tenga la rentabilidad necesaria", agregó Acosta, el dirigente del sindicato del gas.

"Creemos que con un poco de voluntad y cambio de gestión es posible".

En 2017 Petrobras había reclamado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, una compensación monetaria al Estado uruguayo por las pérdidas sufridas desde 2002, año de la última gran crisis económica uruguaya.

En marzo de 2019 la Cámara Internacional de Comercio rechazó el pago de al menos 81 millones de dólares reclamado por Petrobras, pero amparó a la empresa en su pretensión de renegociar "los términos de la concesión en aras de restablecer la ecuación económico-financiera", motivo principal de la demanda.

Un mes después de ese laudo, Petrobras Uruguay anunció la decisión de su casa matriz de vender todos sus activos en el país.

Mediante un comunicado la empresa sostuvo que en los últimos 15 años aportó a las concesiones más de 112 millones de dólares y que en el mismo período acumuló pérdidas por más de 116 millones de dólares.

Con información de Reuters y AFP.