El Consejo de Ministros aprobará el viernes los Presupuestos para 2012 que, fuentes de Hacienda, califican como unos de los "más complejos de la democracia".

Las cuentas del Estado están condicionadas por la necesidad de cumplir el objetivo de déficit de la Administración central, que deberá rebajar sus números rojos del 5.1% al 3.5%, un ajuste de 17,500 millones.

Las cuentas incluirán medidas para recortar el gasto y subir los ingresos. "Recurriremos a instrumentos fiscales de forma eficiente y equitativa", señaló eufemísticamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los Presupuestos contemplarán una reducción de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas.

Los llamados grupos consolidados -conglomerados empresariales que tributan como una sola empresa- están en ojo del huracán ya que aplican 60% de las deducciones que contempla el tributo que grava los beneficios empresariales. De hecho, una multinacional suele tributar a tipos efectivos menores que una pyme.

Hacienda también estudia limitar de alguna forma la libertad de amortización, una medida que aprobó el anterior Gobierno y que permite que las empresas imputen sus gastos en inversión o en compra de inmuebles en su declaración tributaria de la forma que más les convenga. Ello, según los inspectores fiscales, facilita que las grandes empresas reduzcan a la carta su base imponible. Además, en un primer momento, la libertad de amortización se vinculó al mantenimiento del empleo, un requisito que el anterior Ejecutivo decidió suprimir. El Ejecutivo podría limitar este beneficio fiscal en los presupuestos y poner coto a la deducibilidad de los gastos financieros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó la posibilidad de elevar impuestos sobre el consumo como el IVA. En cualquier caso, los expertos advierten que tarde o temprano el Ejecutivo deberá acometer un incremento del IVA, cuyo tipo general se sitúa en el 18%, un nivel inferior a la media europea y al gravamen que aplican países limítrofes con España como Francia (19,6%) o Portugal (23%).

Si bien Montoro es contrario a la subida del IVA, el Ejecutivo no descarta aplicar el tipo general del 18% a algunos de los productos que actualmente tributan por el gravamen reducido del 8%.

Los Presupuestos tampoco incluirán una subida de los impuestos especiales, ya que estos tributos se incrementan a través de reales decretos para que la medida entre en vigor de forma automática.

Respecto al IRPF, no se esperan cambios importantes después de que el Ejecutivo elevara en diciembre hasta el 7% el tipo que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. Además, también subió la fiscalidad sobre las plusvalías.

Así, todo apunta que la mayor parte de las modificaciones fiscales en los Presupuestos afectará al impuesto sobre sociedades.

Por el lado del gasto, el Gobierno aplicará un recorte del 15% en los presupuestos de los ministerios, un ajuste mayor al anunciado en un primer momento, ya que Bruselas endureció el objetivo de estabilidad fijado inicialmente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, las cuentas incorporarán medidas que permitan reducir el gasto y elevar los ingresos de comunidades y ayuntamientos. Las autonomías deben reducir sus números rojos del 2.9% al 1.5%, un ajuste que parece inasumible sin la ayuda de la Administración central.

En este sentido, el Ejecutivo trabaja en un nuevo catálogo de servicios básicos que las comunidades deben financiar obligatoriamente. La sanidad y la educación acaparan el 60% de los presupuestos autonómicos.

HACHAZO A INVERSIÓN PÚBLICA

Todo indica que la inversión pública será el capítulo que sufra un mayor recorte, una posibilidad que atemoriza a las empresas del sector. En cualquier caso, ello supone seguir la senda del anterior Ejecutivo. En 2011, la inversión de la Administración central ya se redujo un 21.5%, una cifra que podría verse superada a lo largo de este año.

El único capítulo presupuestario que se incrementará de forma notable es el dedicado a pagar los intereses de la deuda. Respecto a los gastos de personal, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que no reducirá el salario de los funcionarios, aunque se mantendrá congelado.

La Administración central destina 27,420 millones, el 18% del presupuesto total, a pagar sueldos públicos. Un importe que se incrementa hasta los 124,781 millones si se tiene en cuenta el gasto de las comunidades y ayuntamientos. De momento, solo la Generalitat de Cataluña y la Junta de Castilla-La Mancha han anunciado un recorte del sueldo de los empleados públicos.

apr