La cartera de adeudos fiscales que tienen los contribuyentes presentó su mayor incremento y nivel, desde 2011, en el 2020, de acuerdo con los datos publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al cierre del año pasado, los créditos fiscales sumaron 993,354 millones de pesos, lo que significó un incremento de 34.8% anual, en términos reales, respecto a los 736,692 millones de pesos del 2019.

El aumento en la cartera, explicaron a analistas, se debe en primer lugar a una mayor fiscalización que ha ejercido el SAT sobre los contribuyentes, en donde al realizar un mayor número de auditorías se logran determinar más créditos fiscales.

“Este incremento se puede explicar por un ejercicio mayor de las facultades de comprobación y/o auditorías que realiza el SAT a los causantes. Estas facultades continuaron el año pasado pese a la pandemia, porque la labor del fisco fue considerada como una actividad esencial”, apuntó Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM.

Añadió que otro factor es que, al ser el segundo año de la actual administración, la curva de aprendizaje ha ayudado a que los procesos sean más rápidos que antes.

Por otro lado, Raymundo Tenorio, profesor del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, indicó que alrededor de 50% de los juicios entre el SAT y los contribuyentes están detenidos por la pandemia del Covid-19, lo cual tiene un impacto en el saldo total de los adeudos, así como en su recuperación.

Las cifras señalaron que el mayor importe de adeudos fiscales corresponde a las personas morales, las cuales sumaron un crédito por 787,462 millones de pesos, mientras que las personas físicas sin actividad profesional adeudan 126,059 millones de pesos  y las personas físicas con actividad empresarial 79,832 millones de pesos.

Cayó recuperación

En contraste, la recuperación de la recaudación derivada de estos adeudos fiscales presentó al cierre del año pasado su segunda disminución consecutiva, de 1.5% en términos reales. En el 2019 la contracción fue de 35.4 por ciento.

De acuerdo con los datos, la recaudación derivada de la cobranza de los créditos fiscales fue por 42,821 millones de pesos, monto menor a los 43,483 millones que se obtuvieron en el 2019.

“Es el mayor pero, una cosa es que se determinen los impuestos derivados de las auditorías y otra, muy diferente, que se cobren. No hay ninguna proporción exacta o igual porque, en el momento en que la autoridad determina el adeudo, los contribuyentes pueden meter mecanismos de defensa como recursos administrativos, demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como juicios de amparo, lo que hace tardado el cobro de estos adeudos, si es el caso”, explicó Juvenal Lobato.

Agregó que estos recursos legales pueden alargar el tiempo para cobrar el adeudo entre dos y tres años.

Respecto a los casos que se dieron a conocer el año pasado de los adeudos de grandes contribuyentes que se pagaron al SAT, Juvenal Lobato dijo que probablemente el fisco se enfocó a cobrar aquellos créditos que ya estaban en litigio y, por lo cual, ya llevaban cierto tiempo en juicio.

“El ciudadano tiene derecho a impugnar. El SAT no puede obligar a alguien a que no ejerza sus medios de defensa, lo que puede hacer es que en aquellos juicios o créditos que no fueron determinados en esta administración, y que están en juicio, se busque llegar a un acuerdo”.

Están en controversia 55%

En el último informe de finanzas públicas de la Secretaria de Hacienda se detalló que, al corte del 31 de diciembre del año pasado, 55% de los adeudos fiscales se encuentran en controversia, es decir, que el contribuyente interpuso algún recurso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de acciones de cobro por parte del fisco. En total, el monto que actualmente se encuentra en disputa alcanzan 551,825 millones de pesos.

Al ser determinado un adeudo fiscal por parte del SAT, los contribuyentes pueden interponer medios de defensa si no están conformes con la acción de la autoridad.

El fisco reportó que de los 441,529 millones de pesos que no están controvertidos, 70% es factible de cobro, mientras que 30% restante tienen baja probabilidad de cobro, es decir, se han determinado a cargo de deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.

ana.martinez@eleconomista.mx