Hackeo a la SHF: las implicaciones para el mercado de vivienda

La presunta vulneración de los sistemas de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ha encendido alertas en el sector inmobiliario y de vivienda en México. El caso abre un debate sobre la estabilidad del ecosistema y los riesgos que enfrenta el patrimonio de desarrolladores, intermediarios financieros y compradores de vivienda.

En los últimos días se difundió información sobre un presunto ciberataque ocurrido en enero del 2026 por parte del grupo de ransomware LockBit. De acuerdo con reportes, los atacantes habrían fijado como fecha límite el 5 de febrero para el pago de un rescate en criptomonedas, con la amenaza de divulgar los archivos obtenidos.

El plazo venció y, con ello, la posible exposición de información comercial y operativa sensible.

La relevancia del caso radica en el papel que desempeña la SHF dentro del sistema financiero. La institución opera como un banco de segundo piso que provee liquidez a intermediarios como bancos, sofomes y organismos de vivienda, lo que permite acceso al crédito para la construcción y adquisición de inmuebles.

“La solidez operativa de la institución enfrenta hoy su mayor prueba: no por solvencia financiera, sino por resiliencia digital”, apuntó Eduardo Moya Vallejo, socio director de InfoHabitat, empresa especializada en análisis de información.

A través de un análisis, el experto planteó que, al tratarse de una entidad respaldada por el Gobierno Federal, cualquier episodio de inestabilidad adquiere una dimensión sistémica.

Ecosistema expuesto

Uno de los escenarios más delicados, en caso de confirmarse el hackeo, es la posible exposición de información patrimonial de socios de intermediarios financieros y desarrolladores de vivienda con los que trabaja la SHF.

Para evaluar a estas entidades, la SHF analiza estados financieros auditados, índices de capitalización, calidad de cartera, estructura de fondeo y cumplimiento regulatorio ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, requiere declaraciones patrimoniales de socios y accionistas principales.

En este sentido, Moya destacó que, si esta información se hace pública, grupos criminales tendrían acceso a nombres, direcciones, activos personales y estructuras corporativas, en un país donde la extorsión es una amenaza latente.

“Los profesionales deben asumir que sus datos podrían estar expuestos y actuar preventivamente: auditar expedientes enviados a la SHF, alertar a socios y clientes, diversificar fuentes de fondeo e implementar sistemas de seguridad”, recomendó y añadió que “la resiliencia del sector ya no se mide solo en la calidad del concreto, sino en la fortaleza de los bits que protegen la inversión de toda una vida”.

Impacto operativo

Las consecuencias también alcanzan la operación cotidiana del sector, ya que el sistema de avalúos representa un punto crítico. Sin avalúos validados por la SHF, bancos comerciales e Infonavit no pueden avanzar en la formalización de escrituras.

“Esto genera un efecto dominó devastador: miles de familias que apartaron viviendas quedan en limbo legal, con riesgo de que sus condiciones crediticias cambien o expiren”, dijo Moya.

Además, los créditos puente se pagan con los recursos que los desarrolladores reciben al firmar escrituras con los compradores finales. Sin formalización, los flujos se detienen, se compromete el pago a proveedores y se limita la capacidad de amortizar capital, obligando a reestructurar deudas y elevando los costos financieros.

Sector más vulnerable

A ello se suma otro frente de riesgo: la filtración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero. De acuerdo con el análisis, esta información permitiría a organizaciones criminales conocer umbrales de reporte y señales de alerta utilizadas por la autoridad, lo que facilita esquemas más sofisticados para “limpiar” recursos ilícitos en bienes raíces.

Cabe recordar que el sector inmobiliario ya es considerado una “actividad vulnerable” de alto riesgo. Así, el hackeo podría profundizar esa condición.

Para el especialista de InfoHabitat, la crisis de la SHF debe ser el punto de inflexión para el sector vivienda mexicano, pues demuestra que más allá del Registro Público de la Propiedad, la seguridad jurídica depende de la solidez de los servidores que custodian la identidad financiera.