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La calidad de la educación pública escala al 4° lugar de las preocupaciones en México: Quiddity
Un estudio revela un salto histórico entre 2024 y 2026. La insatisfacción ciudadana alcanza a 7 de cada 10 mexicanos, superando al desempleo y la inflación como un foco prioritario.

Foto EE: Archivo
La educación pública en México atraviesa un momento crítico en la percepción ciudadana. Entre 2024 y junio de 2026, la preocupación por la calidad educativa pública escaló del puesto 11 al cuarto lugar en la agenda de prioridades de la población, superada únicamente por problemas de violencia e institucionalidad como la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción.
Así lo revela el más reciente estudio de la agencia de investigación de mercados Quiddity. El informe destaca que la inquietud por el rumbo de la enseñanza estatal sobrepasó a variables económicas históricas como el desempleo y la inflación, en un contexto donde las expectativas de mejora han caído de forma constante desde 2023.
El diagnóstico adquiere relevancia al considerar la estructura del Sistema Educativo Nacional: en el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 34.3 millones de estudiantes, de los cuales el 83.7% cursa sus estudios en instituciones públicas. Sin embargo, este sistema enfrenta graves carencias físicas y tecnológicas. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el mismo periodo, en la educación básica solo el 45.2% de los planteles cuenta con al menos una computadora y únicamente el 41.5% dispone de conexión a internet.
Esta brecha de infraestructura se suma a las evaluaciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que posicionan el rendimiento de los estudiantes mexicanos por debajo del promedio del organismo en lectura y matemáticas, así como a las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señalan a la niñez indígena y con discapacidad como los sectores con mayores barreras de acceso.
Como resultado, el estudio de Quiddity indica que el 70% de la población se declara insatisfecha con la educación pública y un 43% percibe que el sector no figura entre las prioridades del gobierno federal.Distancia entre la expectativa y la calidad
En entrevista para El Economista, Daniel Finder, presidente y socio de Quiddity en Latam, analizó los factores coyunturales y sociales detrás de este cambio de tendencia.
"Nos llamó mucho la atención este salto tan pronunciado" una explicación es "una mayor sensibilidad acumulada hacia la calidad educativa y eventos coyunturales que ponen el tema en el centro del debate público, como la visibilidad de protestas sindicales o el impacto de evaluaciones internacionales. Cuando un tema toma la agenda pública, la ciudadanía lo trae al frente de sus preocupaciones", explicó Finder.
Además, el directivo destacó que la educación se mantiene como el principal vehículo de aspiración social en el país, especialmente en los sectores con menores recursos económicos.
"El 60% de las personas sigue viendo a la educación como la gran herramienta para el desarrollo y la movilidad social de sus hijos. Sin embargo, tres cuartas partes de la población la califica como regular (49%) o mala (27%). Hay una distancia preocupante entre la expectativa que tienen los padres sobre el futuro de sus familias y la calidad que perciben en las aulas", puntualizó.
El análisis por nivel socioeconómico muestra que, si bien las clases altas tienden a ser más críticas con el desempeño del gobierno federal en materia educativa, los sectores de menores ingresos mantienen una mayor confianza en el sistema y en sus actores.
El factor humano sobre la tecnología
Frente a la pregunta de qué medidas deben tomarse para revertir el deterioro educativo, el 35% de los encuestados señaló que se requiere especial atención al rediseño de los planes de estudio, seguido por la mejora en la infraestructura escolar y la capacitación docente.
Finder destacó que la figura del maestro preserva el mayor nivel de confianza ciudadana, por encima de las secretarías de Estado, los gobiernos o las organizaciones sindicales. "La confianza de la sociedad está depositada en la persona que está frente a los alumnos. Por eso la ciudadanía exige priorizar el contenido pedagógico y la formación docente. La infraestructura y la tecnología son fundamentales, pero en la percepción pública caen a un segundo plano si no se atiende primero al factor humano en el aula", indicó el directivo.
Respecto a la percepción de que el 43% de la población considera que la educación no es una prioridad oficial, Finder contextualizó el dato dentro de un fenómeno regional de erosión institucional. "Nuestros estudios de humor social en América Latina muestran que los ciudadanos están perdiendo confianza en las instituciones en general —gobiernos, iglesias, corporaciones— y se encapsulan en sus círculos más cercanos. La desconfianza hacia la gestión educativa refleja también esta distancia entre la ciudadanía y las políticas públicas", agregó.
Desde la perspectiva de comunicación y gestión pública, Quiddity sugiere a las autoridades construir consensos apoyándose en los actores que preservan la legitimidad social: los maestros y las familias. Integrar activamente a los docentes y padres en el diseño de planes educativos y mejoras comunitarias —desvinculándolo de las cúpulas sindicales o disputas partidistas— garantizará una mayor aceptación y efectividad de las reformas educativas que México demanda urgentemente.
El amplio consenso social sobre la urgencia de modernizar los contenidos, dotar de herramientas a los profesores y dignificar los espacios escolares abre una ventana de oportunidad clave. Sin embargo, como concluye el análisis, la respuesta gubernamental deberá tomar en cuenta la diversidad de desafíos territoriales y culturales de las regiones del país si aspira a convertir la educación pública en la auténtica herramienta de equidad que la sociedad mexicana exige.

