I/II

La detención del ex gobernador Javier Duarte es un paso tardío para poner freno a la impunidad de quienes buscan el poder para beneficio propio y actúan contra la sociedad. Acusado de corrupción y posible responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, Duarte debe responder por el desastre social que provocó en Veracruz. Llevar a juicio a este representante paradigmático de la podredumbre política en nuestro país, es imprescindible. Sin embargo, hacerle justicia a la sociedad veracruzana implica ir más allá de un solo individuo.

Una de las fallas de nuestro sistema político y de justicia es que suele dar acuse de recibo de las denuncias contra los gobernantes cuando éstos ya dejaron el poder. Gozan así de seis años de impunidad, mientras la sociedad padece sus arbitrariedades y robos. En el caso de Veracruz, las denuncias que apuntaban a una crisis institucional y política, agravada entre 2010 y 2016, se iniciaron años atrás. Los asesinatos de periodistas, la desaparición de personas, el aumento de homicidios dolosos y feminicidio, todos prueba de un quiebre del Estado de Derecho, marcaron el gobierno del hoy caído, pero se daban ya bajo su antecesor.

En ambos casos, el gobierno federal dejó pasar negligencia, desfalcos y violaciones de derechos humanos. ¿No tenía acaso la obligación de investigar siquiera las causas del malestar social?

Los agravios a la sociedad por los que Duarte deberá responder ante la justicia son enormes, tanto que no se le puede atribuir toda la responsabilidad de la extrema violencia institucional e institucionalizada que caracterizó su régimen. La violencia, criminal e institucional, contra mujeres y niñas en el estado es sólo un ejemplo de ésta pero ilustra parte de las complicidades que hacen posible instalar un feudo del terror en un país democrático .

En 2009, el Instituto Veracruzano de la Mujer promovió una alerta de violencia de género en Isla, Veracruz, por el aumento del feminicidio y la desaparición de mujeres. El gobierno de Fidel Herrera la rechazó, para no dar mala imagen . Para 2010, cuando éste dejó el poder, se contaban, según la prensa, 477 feminicidios, gran parte de ellos impunes. También se denunciaban desapariciones de niños a manos del crimen organizado.

Las cifras del horror se acumularon durante el sexenio de Duarte. Hoy se habla de miles de desaparecidos, más de 1200 mujeres y 19 periodistas asesinados desde el 2000. En cuanto a las mujeres, alrededor de cien han sido asesinadas cada año entre 2011 y 2016, según la Universidad Veracruzana y las organizaciones peticionarias de la alerta de violencia de género presentada en enero del año pasado. La impunidad prevalece en la mayoría de los casos, las autoridades manipulan la definición de feminicidio para reducir su número, y el esclarecimiento de los casos, cuando sucede, es lento. Además, en seis años han desaparecido cerca de 150 niñas y mujeres, de entre 11 y 29 años. La edad de las víctimas y la desaparición reiterada de varias de chicas con rasgos similares, sugirió hace tiempo la actuación de redes de trata. La gravedad del caso llevaría a la SEGOB a declarar la alerta de violencia de género (AVG), en 11 municipios en noviembre de 2016.

La llamada de atención de la sociedad que representaba la petición de la AVG en curso no bastó, sin embargo, para detener la violencia institucional contra las mujeres. En agosto, Duarte presentó al Congreso una iniciativa para incluir en la Constitución estatal la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural , paradoja risible si no fuera trágica. Pese a haber recibido sólidos argumentos en contra de una iniciativa previa similar, el Congreso aprobó al vapor la reforma. Representantes de distintas iglesias asistieron a su promulgación, apoyando así al mandatario y rompiendo con el respeto a la laicidad del Estado.

Esto, a pesar de que, ante este nuevo ataque contra los derechos de las mujeres, organizaciones sociales locales y nacionales habían solicitado la AVG, por agravio comparado.

lucia.melgar@gmail.com