La reformas firmadas por Donald Trump para la Seguridad Interna y Mejoramiento de la Vigilancia Migratoria y Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos, así como el Compromiso Renovado para Perseguir a la Inmigración Criminal expanden la criminalización de la migración y la confunde, con toda intención, como parte del crimen organizado , así lo expresa el análisis Política migratoria en Estados Unidos: Los primeros meses de la administración Trump , realizado por Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte.

Este documento explica que el conjunto de órdenes ejecutivas y las estrategias anunciadas por el presidente Trump deben entenderse como parte de un contexto más general de políticas migratorias restrictivas que han tomado forma a nivel mundial desde hace varios años y en particular en EU.?La especialista asegura que el régimen migratorio mundial contemporáneo tiende al restriccionismo y a crear categorías de personas vulnerables a la acción punitiva del Estado y sin mayores recursos para defenderse.Así, tanto en Estados Unidos como en otras regiones del mundo se han construido estados de desconfianza, vigilancia y violencia institucionalizada hacia las personas migrantes donde se criminaliza y se castiga a la misma .

El documento evidencia la paradoja en el contenido de la legislación migratoria vigente en EU y la política aplicada en las últimas décadas pues, por un lado, se regula y se elaboran regímenes de gobernabilidad, control y castigo sobre sujetos a los cuales la ley misma les niega o concede ambiguamente la categoría de persona-sujeto o lo que es más, individuo con derechos.

Se explica que estas acciones tienen un contexto de tiempo atrás: A partir de 1996 (cuando se aprobó la legislación migratoria vigente), los migrantes indocumentados e incluso los ya residentes quedaron expuestos al arbitrio de la autoridad migratoria.

De cierta manera, la ley misma produjo un espacio de ilegalidad en el cual los sujetos quedan completamente vulnerables ante el aparato migratorio , se lee en el informe.

Sobre algunos avances, se expone que no es sino hasta el 2011 que Obama empieza a tomar posturas más flexibles frente a la migración indocumentada y se emite una primera orden de priorización en la deportación, la protección contra deportación a los Dreamers y la protección a los padres de Dreamers o ciudadanos.

Sin embargo, a partir de la llegada de Trump, se dan directrices para poner fin a esta política.

Hoy se califica el reingreso como un delito grave, se ordena levantar cargos criminales a personas que pasen a otras por la frontera, se ordena perseguir criminalmente a migrantes con antecedentes de haber entrado al país sin documentos y se le exige a cada Fiscalía contar con un coordinador de la frontera que verá que las directrices sean ejecutadas.

En la justificación de las órdenes ejecutivas se construye a los migrantes como riesgos para la seguridad nacional y para el público en general.

En estos documentos se plantea la existencia de una realidad caótica y peligrosa provocada por la que se define como ‘presencia perniciosa’ de la migración indocumentada, la cual es empatada con criminalidad y terrorismo.

El informe asegura que la larga lista de políticas enlistadas en el memorándum del procurador general, Jeff Sessions, están diseñadas para dificultar la vida de las familias migrantes en Estados Unidos.

En conclusión, el informe establece que en el gobierno de Trump prevalece una visión negativa y discriminatoria de las personas que vienen del sur de la frontera, ignorando los múltiples intercambios de bienes, de riqueza cultural y de personas que se dan a diario en la frontera México-Estados Unidos.

[email protected]