México no puede eludirse de los compromisos que tiene ante la UNESCO en materia de patrimonio cultural ni poner en riesgo los bienes culturales inscritos como patrimonio de la humanidad, dice el doctor Francisco López Morales, quien fue director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante casi 20 años, hasta diciembre del 2018.

En ese largo periodo representó a México ante las convenciones del sector Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su contribución a lo largo de esos años cristalizó en la inscripción de por lo menos 20 de los 35 sitios mexicanos que figuran en la lista de Patrimonio Mundial del organismo.

En 2017, el INAH lo distinguió con la Medalla 7 de Julio, que le otorgó en el marco del 5° Congreso Nacional de Patrimonio Mundial por ser “pieza clave en la defensa y difusión de los bienes culturales del país”, subrayó el instituto.

A principios de 2020, López Morales decide donar su biblioteca personal al  INAH, que reúne casi 5,000 volúmenes.

El experto en México que probablemente conoce más de patrimonio cultural en el marco del derecho internacional público, señala que el recorte presupuestal de 75% ordenado por el gobierno de México a toda la administración pública federal, incluido el INAH, podría afectar la conservación y gestión de las zonas arqueológicas, sitios y monumentos históricos, de acuerdo con las normativas internacionales adoptadas por México y, eventualmente, trasladar esos bienes culturales de la Lista de Patrimonio Mundial a la Lista Roja de Bienes Culturales en Peligro.

A pesar de que las autoridades, tanto del INAH como de la Secretaría de Cultura, han insistido en que el recorte presupuestal no afectará la conservación de los sitios patrimoniales, Francisco López sostiene que “toda la actividad de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, y la Dirección de Patrimonio Mundial específicamente, se ha visto mermada en toda su misión, debido a los recortes presupuestales”.

Y es que los sitios patrimoniales e históricos en México, que se cuentan por millares, no pueden conservarse ni estudiarse desde el escritorio (“privilegiando el trabajo de gabinete”) ni solo con la presencia de los custodios de seguridad, a quienes el presidente de México ordenó regularizar laboralmente.

Por el contrario, para el estudio y conservación de los sitios se requieren arqueólogos, historiadores, restauradores, ceramistas, malacólogos, taxonomistas, químicos, antropólogos físicos, dibujantes, epigrafistas, paleontólogos, y un largo etcétera; y muchas de esas tareas en el INAH las realiza personal “eventual” contratado a través del Capítulo 3000, una de las partidas restringidas por el decreto de austeridad.

Muchos de esos “eventuales” permanecen trabajando sin contrato y sin paga desde enero, sin contar con que el nuevo contrato para 2020 pudieron “negociarlo” con una disminución de salario y sólo con la garantía de mantener su empleo hasta final del año. “Es una bomba de tiempo”, advierte una fuente que prefiere que no revelemos su nombre.

Diego Prieto, director del INAH, ha reiterado que no se despedirá a nadie, incluso a los trabajadores del Capítulo 3000, pero algunos investigadores se preguntan por cuánto tiempo podrá mantener su promesa, y a costa de qué sacrificios. “Por ejemplo, ¿sacrificando insumos materiales para la conservación de los sitios y monumentos históricos y arqueológicos?” Por cierto, estos insumos se enmarcan en la partida del Capítulo 2000, otra que tendrá que dejar de ejercer el 75% de su presupuesto.

Derecho vinculante

Pero más allá de las penurias domésticas, éstas también tendrán un impacto en la relación de México frente a la UNESCO, dice López Morales, quien hace notar que el trabajo del INAH en materia de conservación y restauración “está ligado y coordinado con respecto a la agenda internacional que tienen los organismos” en la materia, de los que México es Estado Parte.

Además, dice que México tiene un compromiso histórico ante la UNESCO y que las convenciones y tratados internacionales que emanan de su seno son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio en el marco del derecho internacional, reconocido en el Artículo 133 Constitucional en el mismo rango de la Carta Magna como “Ley Suprema de toda la Unión”.

“Somos un país muy importante y comprometido con la comunidad internacional y no me cabe duda de que tenemos que contribuir y no podemos decir ad libitum si sí o no, son obligaciones del derecho internacional vinculantes para México y todos los Estados Parte”, sentencia López.

“Eso, sin olvidar que México ha sido miembro fundador de la UNESCO, y que Jaime Torres Bodet fue el segundo director general del organismo, y un actor importantísimo en la instrumentación de las normativas de carácter internacional para la protección del patrimonio cultural; y además hemos ratificado todas las convenciones, y en algunos casos las hemos promovido, como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático”, sostiene el arquitecto López.

Finalmente, el especialista considera que las gestiones que realiza el staff que representa a México en estas tareas ante la UNESCO también se verá mermado con los recortes presupuestales: “No podemos restringirnos a estos salarios y a estos presupuestos de hambre”, y hace un recordatorio: México está obligado a contribuir con las cuotas definidas por los comités internacionales de las convenciones y “no podemos como país hacer el ridículo pidiendo exenciones, porque además los países están clasificados de acuerdo con su Producto Interno Bruto, y México no se puede eludir”.

“No podemos presentarnos en la UNESCO como un país menesteroso, primero, porque da vergüenza, y segundo, porque no lo somos”, remata.

¿Quién es Francisco López Morales?

Arquitecto por la UNAM, maestro en Restauración de Monumentos por la ENCRyM y doctor en Urbanismo y Planeación por la Universidad de Grenoble, Francia.

Durante treinta años ha participado como especialista en la promoción del patrimonio cultural como representante ante organismos culturales de la UNESCO y ha sido llamado como experto para hacer misiones de evaluación; durante cuatro años estuvo participando en la redacción del texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y las reglas operativas, aportando su expertise y conocimiento técnico de los instrumentos normativos y su condición de decano, conocedor profundo del cabildeo en la esfera internacional.

Promovió y gestionó la inscripción de más de 20 sitios mexicanos en la Lista de Patrimonio Mundial, entre los que sobresalen la Casa Estudio Luis Barragán, en la Ciudad de México (2004), la Villa de San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco (2008); las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca (2010); El Camino Real de Tierra Adentro (2010), el Complejo Hidráulico Acueducto del Padre Tembleque (2015) y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán: hábitat originario de Mesoamérica (2018).

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