Denis Arnaldo Ramos se quiebra en llanto cuando recuerda los peligros que ha tenido que sortear para permanecer con vida desde que salió de su natal Honduras, hasta la llegada a nuestro país, en donde también padeció la violencia que viven los migrantes en la frontera sur.

Denis está en México desde hace seis meses. Debido a su trabajo como corresponsal del Canal 35 de las Noticias de Colón (en el departamento del mismo nombre), fue agredido y hostigado por policías, debido a las constantes denuncias que hacía con respecto a las problemáticas sociales. Tuvo que salir para salvaguardar su integridad.

Denis es sólo uno de los cuatro migrantes que participaron durante la segunda sesión de Diálogos Migrantes con el tema “Conseguir empleo siendo migrante en México”, conversatorio organizado por la asociación América Sin Muros y el Colegio de México (Colmex).

Los participantes expusieron los desafíos comunes relacionados con la integración económica en México y, para eso, compartieron experiencias sobre sus respectivos viajes, su idea de la migración, lo que implica cambiar de país, la discriminación y las dificultades que viven los migrantes a la hora de buscar trabajo y sobre los logros, barreras y aspiraciones que tienen al llegar a México.

“En general, nuestro país carece de políticas públicas de largo aliento para el desarrollo regional y el empleo. Como ha señalado el doctor Rodolfo García Zamora, experto en asuntos migratorios de la Universidad de Zacatecas, se carece de políticas públicas para las necesidades de más de 50 millones de pobres, según cifras oficiales del Inegi y, en ese contexto, debe analizarse la carencia de políticas públicas hacia migrantes y la capacidad de los estados y municipios para la reinserción laboral de familias deportadas de EU”, nos dice en exclusiva para El Economista Bernardo Méndez Lugo, quien es director ejecutivo de Americasinmuros.org, una asociación civil interesada en dignificar el trato a los migrantes de cualquier parte del mundo que transiten por el continente.

En el conversatorio participaron también Ana Laura López, mexicana deportada, José Luis Gómez, mexicano en retorno, y Cristofer Josué López, migrante guatemalteco.

Ana Laura vivió 16 años en Chicago. Cuatro meses antes de ser deportada se dedicó al activismo y se involucró en temas de derechos laborales. Cuando llegó a México, se enfrentó a las diversas problemáticas que conlleva ser migrante, lo que la motivó, en conjunto con otros migrantes, a formar el colectivo Deportados Unidos en la Lucha. Actualmente, dentro de su colectivo tienen un pequeño negocio de playeras que les ayuda a llevar algunos gastos en sus hogares y apoyan a los negocios de otros compañeros.

José Luis vivió 9 años en Nueva York. Regresó a México en diciembre del 2012 con el plan de visitar a la familia y regresar a Estados Unidos tras las fiestas decembrinas, pero al darse cuenta de que el precio del cruce fronterizo era inaccesible, empezó a trabajar como taxista. Sin estudios de preparatoria, sin poder aplicar lo aprendido en sus trabajos en Estados Unidos, emprende diversos trabajos que lo hacen laborar muchas horas con salarios bajos.

Cristofer decidió dejar su país una vez para encontrar mejores oportunidades, una vez concluida su carrera en administración de empresas. Inicialmente, su objetivo era atravesar la frontera para llegar a Estados Unidos; sin embargo, decidió quedarse en México pues consideró que había buenas oportunidades para crecer profesionalmente.

Bernardo Méndez Lugo ahonda sobre la situación de las políticas públicas en el país: “Son muchos aspectos de política pública que deberían contemplarse: no hay política de empleo ni de autoempleo o emprendedurismo que incluya a deportados. No hay iniciativas sólidas del Consejo Nacional para la Certificación Laboral de la SEP, que facilite la certificación laboral de deportados, no se han implementado programas especiales ni se han buscado fórmulas para exentar costos”.

“En el caso del Inadem, organismo de la Secretaría de Economía, no hay programas con fortaleza y vocación para dar créditos, capacitación y apoyo tecnológico para migrantes deportados que deseen iniciar microempresas en sus lugares de origen. Esta carencia de políticas públicas es un problema estructural, donde el paradigma de desarrollo no contempla a pobres en general y sólo se les ve como mano de obra barata. Es también el caso del programa federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE). No hay esquemas definidos para apoyar mipymes de proveedores locales o de deportados de las entidades donde opera el programa de ZEE. En síntesis, no hay políticas públicas suficientes y con recursos para apoyar a migrantes retornados (son más de 3 millones de personas de los cuales más de medio millón son menores de edad)”, expuso.

Finalmente, Bernardo Méndez Lugo nos comentó que la SRE, Sagarpa, Sedesol, SEP y Salud, entre otras secretarías, deberían fortalecer sus delegaciones en los estados para atender las necesidades de los migrantes, en particular en los estados con más retornados.