El poder legislativo ha manifestado su preocupación a través de un grupo de legisladores sobre una serie de hechos que, desde su punto de vista, ponen en riesgo la obligación enmarcada en la Constitución Política de garantizar y apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica en el país. “Estamos obligados a reconocer y apoyar a quienes hacen de la ciencia, la tecnología y la innovación una fuerza social, económica y cultural de trascendencia, las investigadoras y los investigadores son el factor determinante para mejorar la calidad de la vida de las y los mexicanos”, se lee en un primer punto de acuerdo promovido por la diputada Laura Isabel Hernández Pichardo y apoyada por 28 diputados más.

Esta petición, de ser aprobada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, va directamente dirigida al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que garantice la libertad de investigación y de cátedra, la transparencia en los procesos de ingreso, permanencia y promoción, así como la asignación de apoyos sin discriminación a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La segunda solicitud promovida por el senador Manuel Añorve Baños, es para que la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, comparezca ante el poder legislativo y explique detalladamente cuál es la razón por la que no se han otorgado las becas y apoyos que se tenían programados para este año y cómo se resolverá la crisis de los beneficiarios que se han visto afectados, en especial las madres solteras y los estudiantes en el extranjero.

Ambas propuestas sustentan que las decisiones de este órgano responsable de las decisiones gubernamentales en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), han dado como resultado incertidumbre y descontento para quienes en el país se dedican a ello.

Inconsistencias en el proceso y convocatorias

En el caso del exhorto promovido por la legisladora Hernández Pichardo se hace énfasis en la necesidad de garantizar y otorgar los estímulos económicos a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tanto de centros o instituciones públicas como privadas sin discriminación laboral, económica, social o cultural. Además se pide que las convocatorias y procesos para designar a los integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, sean públicos, transparentes y revisados entre pares. 

Esto se ha puesto en duda desde que el reglamento del SNI fue reformado el 20 de abril de 2021, ya que, de acuerdo con el exhorto, las modificaciones que se contemplaron fueron contundentes y estuvieron poco apegadas al propósito del fortalecimiento de la producción científica.

Diversos miembros de la comunidad han señalado que los cambios al reglamento del SNI, atentan contra la libertad de investigación y de cátedra, así como de la autonomía de los investigadores, porque dirige la agenda hacia los temas de “mayor interés” que no son seriamente definidos, lo cual de acuerdo con la antropóloga Gabriela Vargas, de la Universidad Autónoma de Yucatán, se estarían descuidando materias sujetas a investigación que no se consideran prioritarias, por ejemplo la investigación dirigida a la música.

Cabe resaltar que esta última reforma fue sujeta a consulta a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en la que se emitieron 277 opiniones de la comunidad científica en las que se destacan: las desventajas en el apoyo económico que sufrirán los investigadores de instituciones privadas; que los estímulos promueven ahora un criterio poco homogéneo y paritario; y que se establecen condicionantes discriminatorias, porque por un lado se quitan los estímulos a investigadores en el sector privado o social y se abre la posibilidad de otorgar apoyos a investigadores que ocupen un cargo.

Otro ámbito que preocupa es la opacidad. Hasta 2019 el encargado del proceso de integración de las comisiones dictaminadoras para el SNI era el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Ellos tenían la función de elaborar las listas de candidatos para la renovación de comisiones, luego el currículum de los aspirantes se enviaba a los 33,000 integrantes del Sistema, para realizar una “evaluación por pares”. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, se dejó de financiar al Foro, delegando la función a la Secretaría Ejecutiva del Conacyt, integrado por funcionarios públicos, por lo que el ingreso, permanencia y promoción en el sistema, ya no está sujeta a un análisis y evaluación entre investigadores, sino depende únicamente de una convocatoria y de la ratificación del Consejo General del Conacyt. Estos hechos incrementan las dudas.

Becarios, en la incertidumbre

Por su parte, en la exposición de motivos el senador Añorve Baños explica que, con la desaparición de 32 fideicomisos correspondientes a CTI, miles de becarios se han quedado sin apoyo, incluso aquellos que se encuentran fuera del territorio nacional, esto a pesar de que el discurso oficial era que esto no pasaría.

Los ejemplos más recientes son las beneficiarias de la beca para Madres Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional y los beneficiarios del fondo CONACYT-SENER. En el primer caso, las mujeres recibían 4,000 pesos mensuales, pero llevan 7 meses sin recibir un solo peso y sin ser atendidas por el Consejo. En el segundo caso, a pesar de que ya se dijo que se cuenta con el presupuesto necesario, se ha asegurado que no se les seguirá apoyando, con el agravante de que estos se encuentran fuera del país.

Por lo anterior se ha pedido que el Consejo asuma la responsabilidad y explique cómo se resolverá la crisis de los miles de becarios que se han visto afectados por la falta de entrega de apoyos.

nelly.toche@eleconomista.mx