La muerte de cinco personas por leucemia, dos adultos y tres niñas, fueron parteaguas para que hoy en el poblado de La Cantera en San José de Iturbide, Guanajuato, se presente un conflicto en el que autoridades, instituciones educativas y de investigación, además de pobladores, no han logrado coincidir.

Pareciera que una población de menos de 700 habitantes y 1,500 posibles afectados poco podrían hacer al respecto; sin embargo, hoy su caso es conocido por muchos y aunque tienen las pruebas científicas a través de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país (UNAM), las autoridades sostienen que la zona no corre peligro.

La postura de las autoridades

El pasado 7 de octubre la Conagua, la Cofepris y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) emitieron un comunicado conjunto, aparentemente en respuesta a este estudio. En él confirman que el agua de San José de Iturbide, incluida la comunidad de La Cantera, es para uso y consumo humano, que el radón de los pozos profundos es liberado casi en su totalidad al ambiente durante el proceso de potabilización y que cumple con la NOM 127-SSA1-1994.

Aseguraron que no hay relación entre las muertes de los cinco habitantes y el consumo del líquido, y que el riesgo potencial del radón se encuentra en el aire, en países tropicales o semitropicales como México, este fenómeno no se presenta debido a que los hogares tienen ventilación suficiente , se lee.

El comunicado agrega que desde hace 40 años se realizan estudios sin evidencia de riesgo, pero en ningún momento mencionan la valoración del realizado por la UNAM y este equipo interdisciplinario, además de que aseguran que desde el 19 de abril de este año no se ha recibido una solicitud adicional para determinar parámetros de radioactividad.

El contexto local

‘Señora, pídale a dios, porque no hay remedio’, me dijo el doctor cuando mi hija llegó al hospital por una hemorragia del ombligo; con el antecedente de las niñas fallecidas yo me asusté muchísimo; afortunadamente mi hija salió de esto, pero al ponerme en los zapatos de las otras madres que perdieron a sus hijas, decidí que había que hacer algo; así se fundó Mayoye (sigla en honor a las tres niñas fallecidas) , explicó Irelia Nelly Baeza Trejo, presidenta de esta asociación que solicitó, junto con otros pobladores, la ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México para investigar el caso.

Y es que, de entrada, la muerte de estas pequeñas por el mismo padecimiento, más casos previos en una comunidad tan pequeña, ya generaban especulaciones.

Descuido de los padres de familia, casualidad, padres drogadictos fueron las respuestas de las autoridades de salud, cuando expusieron su preocupación por primera vez. La solución que las autoridades encontraron fue entregar una lista de los niños del preescolar de donde provenían las niñas fallecidas para su revisión paulatina y pláticas a los padres.

Pero ellos sabían que había algo más, nosotros vimos al doctor Marcos Adrián de la UNAM en un reportaje y quisimos acercarnos a él; sin embargo, las autoridades nos decían ‘a ellos no los busquen porque cobran en dólares, ¿con qué van a pagar?’ , dijo Irelia en entrevista.

Con 160 firmas de pobladores se mandó la solicitud al entonces rector de la UNAM, el doctor José Ramón Narro, quien a los 15 días designó al doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, del centro de Geociencias del campus Juriquilla, para el estudio de caso.

Así, en una primera fase de intervención, con el apoyo del ININ se reportó la presencia de radioactividad alfa en una muestra del pozo de extracción de agua para consumo humano que abastece a la comunidad, proveniente de la cuenca Independencia, cuatro veces por encima (2.3 bequereles/litro) de lo establecido como límite permisible por la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (0.56 Bq/L).

Pero esto no fue sencillo, pues para lograr incluso la muestra de agua se tuvo que irrumpir en una sesión de cabildo.

Previamente las autoridades nos dijeron que estábamos haciendo un escándalo y no iban a gastar dinero en hacer estudios donde no pasa nada, el gobierno lo encabezaba Filiberto López Plaza , dijo Elia Zarazúa Rubio, exmaestra de preescolar y vicepresidenta de Mayoye.

Explicó que años después y al lograr el estudio con la UNAM, se hicieron pruebas de aire, de tierra, pero faltaba el agua. Para esto nos costó mucho trabajo, porque no nos autorizaban el acceso al pozo; después de seis meses de mandar recordatorios y acudir a las oficinas, irrumpimos en una sesión de cabildo de manera pacífica, donde logramos el acceso y las primeras y únicas muestras .

Sin embargo, estos resultados fueron desestimados tanto por José?César Rodríguez Zarazúa, presidente municipal en turno, como por Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato.

A nosotros nos vinieron a decir que los resultados no eran válidos, sólo los de Conagua, pero ésos no nos los han querido mostrar; incluso Humberto Navarro, delegado de Conagua, llegó gritando a la gente que él se iba a hacer cargo del problema y haciendo show, pues incluso delante de la gente se tomó un vaso de agua, gritando ‘ven cómo no tiene nada’; así, nos echó a mucha de la gente encima, pero no nos damos por vencidos , dijo Elia.

Agregó que con despensas, cobijas y juguetes han tratado de calmar a la población; a la par hemos recibido amenazas y yo tuve que dejar mi trabajo, que era en el kínder donde las niñas fallecieron .

Sobre la investigación

El cierre temporal del pozo de La Cantera en San José de Iturbide, el suministro a través de pipas, algunas mesas de trabajo entre Conagua y la UNAM y acuerdos de nuevos estudios han sido algunas de las soluciones transitorias, pero hoy nuevos resultados dados a conocer la semana pasada por la UNAM confirman que el peligro aún es latente.

El 28 de abril del 2016 la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM integró un grupo interinstitucional y multidisciplinario, donde participan los institutos de Física, Ciencias Nucleares, de Ciencias del Mar y Limnología, además del Centro de Geociencias.

Los resultados preliminares presentados por el doctor Ortega, líder de la investigación, establecen que no se identificaron fuentes antropogénicas de radiactividad y en los análisis cualitativos se determinó que los suelos y rocas analizados contienen radioisótopos naturales de la serie del Uranio 238U, algunos de los cuales son emisores alfa.

Además, las tasas de dosis de radiación ambiental medidas en lugares próximos a la comunidad son superiores al límite máximo reportado por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR) para México.

Dijo que existe actividad elevada del gas radioactivo natural radón (222Rn) y torón (220Rn), en agua subterránea utilizada para consumo humano, en suelo y en aire de interiores, en un radio de al menos 3 km.

Ortega explicó que estudios de más de 15 años en el acuífero de la zona indican que la migración de estos radioisótopos disueltos en el agua se relacionan con la sobreexplotación del acuífero regional, debido a que el agua que se consume ha tenido mayor exposición a las rocas de las zonas más profundas del acuífero.

Agregó que de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) el 222Rn es cancerígeno en los humanos (Grupo 1); en agua para consumo humano causa leucemia, daño al ADN, aberraciones cromosomáticas, mutaciones genéticas y cáncer de pulmón por inhalación, así como cáncer de estómago por ingestión.

El investigador aseguró que el problema no se va a eliminar, pues el acuífero se sigue explotando en exceso y evacuar la zona no es la solución; sin embargo, se tiene que actuar para atenuar los efectos en la salud y prevenir, a lo que ellos como institución proponen, en primera instancia: sistemas de aireación y venteo, desarrollar recursos humanos y crear capacidades regionales y nacionales para estudiar los impactos de la radioactividad natural e inducida sobre los humanos, además de implementar un programa de monitoreo a corto y mediano plazo, con un enfoque más regional.

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