Hacienda plantea alzas en derechos por espacio aéreo, migración y servicios financieros para el 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone elevar para el 2027 diversos derechos federales, entre los que destacan los relacionados con el uso del espacio aéreo mexicano, servicios migratorios y trámites de supervisión financiera, además de actualizar cuotas en sectores como telecomunicaciones, infraestructura ferroviaria, sanidad, medio ambiente y servicios portuarios.

En materia de uso del espacio aéreo mexicano, la propuesta contempla un incremento de 10% en las cuotas que pagan las aeronaves por utilizar el espacio aéreo nacional, de acuerdo con el artículo 289 de la iniciativa de la Ley Federal de Derechos.

Con el ajuste, las cuotas asociadas con la envergadura de las aeronaves quedarían en 32,560 pesos para aeronaves grandes, 21,725 pesos para las medianas y 7,488 pesos para las pequeñas tipo B.

El Gobierno federal argumenta que el incremento busca financiar la modernización de infraestructura y capacidades técnicas, particularmente sistemas de radar y radioayudas, así como la atención del personal especializado que participa en la operación del espacio aéreo nacional.

La propuesta señala que México administra un espacio aéreo superior a 5.5 millones de kilómetros cuadrados y que las tarifas vigentes se encuentran por debajo del promedio de América Latina, por lo que plantea una actualización de los derechos.

Migración

En materia migratoria, Hacienda propone un aumento de 35% en el derecho correspondiente a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con lo que la cuota pasaría a 1,334 pesos.

De acuerdo con la iniciativa, el ajuste se plantea en un contexto de mayor flujo de visitantes hacia el país. El documento refiere que durante 2025 México registró alrededor de 49 millones de internaciones turísticas, un crecimiento anual de 5%.

El Gobierno federal sostiene que la cuota actual resulta insuficiente frente al costo de los servicios que requiere el control migratorio, particularmente por la incorporación de herramientas como sistemas de enrolamiento biométrico, videovigilancia, seguridad informática y servidores, además del mayor tiempo de intervención de personal especializado.

La iniciativa también modifica la distribución de los ingresos obtenidos por este derecho. La participación destinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante el fideicomiso público federal correspondiente, pasaría de 67 a 50%; el Instituto Nacional de Migración (INM) recibiría 26%, con destino específico para proyectos de infraestructura tecnológica orientados a seguridad fronteriza y control migratorio, mientras que 24% quedaría para la Tesorería de la Federación.

Consar y CNBV

En servicios financieros, la propuesta modifica el esquema de derechos que pagan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) por los servicios a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La cuota fija anual se mantiene en 125,765 pesos, pero se sustituye el componente variable actual de 0.2877 pesos por cada 1,000 pesos por un factor de 0.1750 al 1,000 aplicado directamente sobre el saldo del capital suscrito y pagado en las Siefores.

Hacienda argumenta que con este cambio busca corregir un efecto que había provocado un crecimiento acelerado de la cuota, debido a que la base administrada y el cobro se ajustaban simultáneamente por inflación. El nuevo factor, según la propuesta, recupera una proporcionalidad similar a la existente en el 2015.

El pago se realizaría de manera provisional en forma trimestral, mientras que durante el periodo de transición del 2027 al 2029 ninguna Afore pagaría un monto inferior al efectivamente cubierto en el 2026.

En el sector bursátil, la propuesta contempla un incremento de 16% en las cuotas por inscripción, inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Gobierno federal atribuye el ajuste al rezago acumulado en los últimos años frente al aumento de las cargas de supervisión. Entre los elementos señalados están los nuevos requerimientos de información, incluidos reportes relacionados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como mayores necesidades de auditoría y vigilancia.

Para la inscripción de valores, los topes máximos quedarían en 6.005 millones, 3.003 millones y 1.682 millones de pesos, dependiendo del esquema de emisión. La inscripción preventiva tendría una cuota de 24,021.45 pesos, mientras que los derechos anuales de inspección y vigilancia tendrían topes de entre 288,257 y 960,857 pesos.

Telecomunicaciones y transporte

En telecomunicaciones, la iniciativa plantea una reducción de 12% en las cuotas anuales por el uso del espectro radioeléctrico en determinadas bandas, debido a que los derechos vigentes se encuentran por encima de referencias internacionales.

En contraste, para el sector ferroviario Hacienda propone elevar de 1.25 a 3% la tasa por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público, calculada sobre los ingresos brutos del operador.

El nuevo porcentaje aplicaría únicamente a concesionarios o asignatarios con más de 15 años de operación, mientras que los proyectos en etapas iniciales conservarían un tratamiento preferencial. De acuerdo con la propuesta, los recursos estarán vinculados con la expansión de la red ferroviaria y de la infraestructura pública destinada a trenes de pasajeros.

Salud y medio ambiente

En materia sanitaria, se plantea actualizar las cuotas de 29 trámites de un total de 109 servicios revisados por la autoridad. El Gobierno federal sostiene que estos ajustes buscan reducir subsidios implícitos y acercar los cobros al costo de los análisis de riesgo y del personal especializado requerido para cada trámite.

Los cambios incluyen permisos de publicidad, registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos, permisos de importación, protocolos de investigación y diversas licencias relacionadas con servicios de salud.

En materia ambiental, se propone un incremento promedio de 30% en las cuotas regulatorias forestales, de vida silvestre y de prevención de la contaminación. Entre los derechos modificados se encuentran los correspondientes al Registro Forestal Nacional, permisos fitosanitarios, licencias ambientales y cambios de uso de suelo en terrenos forestales.

Servicios consulares y culturales

En el ámbito consular, la propuesta plantea homologar en 1,639.80 pesos la cuota de las visas ordinarias y de las visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. Esto implicaría aumentos de 66 y 153%, respectivamente, frente a las cuotas vigentes.

Hacienda atribuye el ajuste a los costos derivados de la transformación digital de los servicios consulares. En 2025 se expidieron 193,878 visas, de las cuales 77% estuvieron sujetas a pago.

En materia cultural, se incorporan nuevos sitios arqueológicos y recintos al esquema de cobro de derechos, pero al mismo tiempo se plantea retirar 53 museos y zonas arqueológicas del listado de lugares con cuota de acceso.

El Gobierno federal señala que en estos espacios el costo administrativo de cobrar el boleto supera los ingresos obtenidos, por lo que propone ofrecer acceso gratuito.

Puertos, agropecuario y otros servicios

Para los servicios portuarios y marítimos se incorporan nuevos derechos relacionados con modificaciones a planes de protección, certificaciones de oficiales, programas maestros de desarrollo portuario y reglas de operación portuaria.

En materia agropecuaria, se plantea homologar en 3,503.30 pesos los certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importación, bajo el argumento de que los tres servicios requieren recursos operativos similares. Para reexpediciones posteriores a un rechazo parcial se cobraría 50% de la cuota.

Finalmente, Hacienda propone eliminar la diferenciación entre dos zonas geográficas para el cobro por extracción de materiales pétreos y establecer cuotas nacionales por metro cúbico. Para el caso de armas, se precisa el cobro por modificación o corrección de datos en manifestaciones previamente expedidas, con una cuota de 201.30 pesos.

En conjunto, la iniciativa plantea una revisión diferenciada de los derechos federales: mientras algunos servicios tendrán incrementos para cubrir costos de operación y supervisión, otros tendrán reducciones, homologaciones o incluso acceso gratuito, bajo el argumento de adecuar los cobros a las condiciones actuales de prestación de los servicios públicos.