Penales con sobrepoblación en México aumentan de 103 a 158 en ocho años

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros 23 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aumentó la población penitenciaria en el país y el número de centros con sobrepoblación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre diciembre de 2018 y agosto de 2026, la población privada de su libertad en México se incrementó 39.14%, mientras que la capacidad de alojamiento en las cárceles del país aumentó 5.89%.

El sistema penitenciario pasó de tener 19,592 espacios disponibles en diciembre de 2028 a registrar un déficit de 45,096 lugares en agosto de 2026.

En ese lapso, el número de centros penitenciarios con sobrepoblación en México se incrementó de 103 a 158.

En diciembre de 2018, primero del gobierno del presidente López Obrador, había una población privada de la libertad de 197,988 personas, cifra que se incrementó a 275,497 en agosto de 2026, casi al final del segundo año del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Eso significa un incremento en la población penitenciaria del país en ese lapso de 39.14%.

En diciembre de 2018 los centros penitenciarios tenían capacidad para 217,580 presos. Para agosto de 2026 esa cifra se incrementó a 230,401 espacios. La capacidad aumentó 5.89%.

El crecimiento absoluto de la población penitenciaria registrado durante los primeros 23 meses del gobierno de Sheinbaum Pardo, superó el aumento acumulado durante el sexenio de López Obrador.

En diciembre de 2018, cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la población penitenciaria en el país era de 197,988 personas; para septiembre de 2024, el último mes de su mandato, la cifra se incrementó a 234,514 personas.

Para agosto de 2026 la población penitenciaria se elevó a 275,497, es decir 40,983 más que al inicio de su administración.

Eso quiere decir que durante los primeros 23 meses del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum el número de personas en prisión se incrementó 40,983, mientras que en todo el sexenio del presidente López Obrador el aumento fue de 36,526.

Esa dinámica se refleja en los registros de sobrepoblación carcelaria. En diciembre de 2018 había 103 penales con sobrepoblación; para septiembre de 2024 eran 121, 18 más que al inicio del sexenio, y para agosto de 2026 sumaban 158, 37 más que en septiembre de 2024.

Aunque en diciembre de 2018 había 103 centros penitenciarios con sobrepoblación, la capacidad agregada del sistema nacional superaba en 19,592 lugares el número total de personas privadas de la libertad. 

Huixtla encabeza la sobrepoblación penitenciaria con 640%

De los 261 centros penitenciarios estatales que actualmente hay en el país, los que tienen mayores problemas de sobrepoblación son el de Huixtla, Chiapas, con 640% y el de Zumpango, Estado de México, con 590%, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También sobresalen los casos de los penales de Bucerías, Nayarit, con 470%; el de Jojutla, Morelos, con 425%, y el de Chalco, Estado de México, con 400% de sobrepoblación.

En todo el país hay ocho penales que superan el 300% de sobrepoblación y 16 que superan el 200% de sobrepoblación.

El Estado de México cuenta con 21 centros penitenciarios, de los cuales 16 tienen sobrepoblación y de ellos destacan, además de los de Zumpango y Chalco que ya se mencionaron, el de El Oro, con 332.14%; Tlalnepantla, con 284%; Jilotepec, con 246.72% y Cuautitlán, con 217.89%.

Si la sobrepoblación se calcula para el conjunto del sistema penitenciario de cada entidad, los de 20 entidades federativas tienen sobrepoblación. En este caso, destacan Nayarit con 248% de sobrepoblación, Estado de México, con 137.16% y Morelos, con 113.87%.

En todo el país existen 261 centros penitenciarios estatales que en conjunto tienen capacidad para alojar a 202,201 personas; sin embargo, actualmente están retenidas en esos lugares 254,320 personas, lo que representa una sobre población de 25.78%.

Todas las entidades federativas tienen al menos dos penales. Las que tienen más son Estado de México, con 21; Veracruz, con 17 y Puebla, con 16.

Por población penitenciaria destacan el Estado de México, con 38,681 personas privadas de su libertad; Ciudad de México, con 27,685 y Sonora, con 16,722.

La sobrepoblación en los penales ha sido una preocupación desde hace varios años; sin embargo, en los últimos días adquirió notoriedad en la conversación pública, debido a que el 23 de septiembre de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a diversas autoridades del Estado de México adoptar medidas estructurales que permitan atender las condiciones actuales de sobrepoblación y hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca.

El asunto tuvo origen en un juicio de amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en el que se reclamó la falta de medidas suficientes para atender las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.

Cuando se presentó la demanda, en 2021, el centro penitenciario contaba con 1,834 espacios y alojaba a 5,116 personas; lejos de disminuir, la problemática se agravó, por lo que, para noviembre de 2025, el número de personas privadas de la libertad había aumentado a 5,823, lo que representaba un nivel de sobrepoblación de 217.50 %.

Para agosto de 2026 ese centro tenía espacio para 2,093 internos y mantenía presas a 6,205 personas, de las cuales 5,458 estaban procesadas por delitos del fuero común y 747 del fuero federal. Eso significa que albergaba 4,112 internos por encima de su capacidad y una sobrepoblación de 196.46%.

Al analizar el fondo del asunto, la SCJN señaló que el Estado ocupa una posición especial de garante frente a las personas privadas de la libertad y, en consecuencia, está obligado a asegurar que sus condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad humana.

El Máximo Tribunal señaló que el hacinamiento puede afectar diversos derechos, entre ellos, la integridad personal, la salud física y mental, la alimentación, el agua, los servicios sanitarios y el trabajo, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Especialista advierte impacto de la prisión preventiva oficiosa

Al respecto, el experto en criminología, Enrique Zúñiga Vázquez destacó que, al menos en parte, el incremento de la población en los penales del país se explica por la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2019 que amplió considerablemente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El también autor del libro “La Pelea por los Infiernos”, en el que analiza el peso específico que tienen las prisiones en el sistema criminal del país, mencionó que la medida ha sido controvertida. En julio de 2024, el Pleno de la SCJN informó que tenía pendientes diversos asuntos relacionados con el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Para el especialista si bien desde una perspectiva punitiva podría considerarse positivo que más personas sean llevadas a prisión, el aumento representa un fracaso porque, a su juicio, evidencia la preponderancia de la respuesta punitiva del Estado.

Dijo que es una situación preocupante porque no se trata de delincuentes en abstracto, sino de personas cuya dignidad debe ser respetada.

Asimismo, destacó que la sobrepoblación en los centros penitenciarios afecta gravemente las posibilidades de lograr una verdadera reinserción social.

Zúñiga Vázquez señaló que, además de la sobrepoblación penitenciaria, debe atenderse el hacinamiento en prisiones.

Explicó que un penal puede tener un número de internos equivalente a su capacidad total y, aun así, registrar hacinamiento debido a una administración desigual de los espacios, de manera que algunas personas permanezcan en áreas saturadas mientras otras dispongan de mayor espacio y privacidad.