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Extorsión, delito que más afecta a empresas del país
El año pasado se estimó que se cometieron 787,000 extorsiones contra compañías en México.
En total, 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de al menos un delito, lo que representó 25.9% de los establecimientos del país.
La extorsión fue el principal delito que enfrentaron las empresas en México durante 2025, al concentrar 26.2% de los tres millones de ilícitos registrados contra el sector privado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dicho levantamiento, cuyo periodo de referencia es 2025, estimó que 787,000 extorsiones fueron cometidas contra unidades económicas, de las cuales 91% se realizó por vía telefónica. Este delito tuvo una tasa de 1,467 casos por cada 10,000 establecimientos y fue el más frecuente en 17 entidades federativas, así como entre micro y pequeñas empresas.
En total, 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de al menos un delito, lo que representó 25.9% de los establecimientos del país. Aunque la proporción disminuyó respecto a 2023, cuando se ubicó en 27.2%, la encuesta contabilizó una tasa de 2,593 empresas víctimas por cada 10,000 unidades económicas.
Después de la extorsión, los delitos más frecuentes fueron el robo hormiga, con 17% de la incidencia; el robo o asalto de bienes o dinero, con 15.8%; el fraude, con 11.3%, y los actos de corrupción, con 10.5%. En conjunto, los tres primeros ilícitos concentraron 59% de los delitos contra los negocios.
La encuesta también registró robo de mercancía en tránsito, que representó 6.9% de los casos; robo total o parcial de vehículos, con 5.9%, y delitos informáticos, con 3.2%.
Destinan recursos a protegerse
Además, el impacto económico de la inseguridad y la delincuencia ascendió a 115,100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Según el levantamiento del Inegi, el costo promedio fue de 44,560 pesos por unidad económica.
Más de la mitad de ese monto, 58,900 millones de pesos, correspondió a gastos en medidas preventivas, mientras que el resto se atribuyó a pérdidas económicas directas por los delitos y los daños ocasionados.
Entre las principales acciones de protección estuvieron la instalación de alarmas o cámaras de videovigilancia, implementada por 26.6% de las empresas; el cambio o colocación de cerraduras y candados, con 25.7%; la sustitución de puertas o ventanas, con 11.6%, y la colocación de rejas o bardas, con 8.7 por ciento.
Además, el costo promedio también mostró diferencias según el tamaño de los establecimientos. En las grandes empresas alcanzó 1 millón 369,484 pesos; en las medianas, 468,441 pesos; en las pequeñas, 151,900 pesos, y en las microempresas, 25,505 pesos.
Por actividad económica, la industria registró el mayor costo promedio, con 90,298 pesos por unidad económica, seguida del comercio, con 40,763 pesos, y los servicios, con 37,635 pesos.
La inseguridad también modificó las operaciones de los negocios. El 19.2% dejó de manejar efectivo o redujo su uso al mínimo; 17.6% disminuyó sus horarios de producción o comercialización; 14.5% canceló planes de inversión o crecimiento; 8.2% dejó de hacer negocios con otras empresas y 5.7% suspendió rutas de distribución o venta.
Carpeta de investigación
Uno de los problemas identificados por la ENVE fue la falta de denuncia y el limitado avance de los casos ante las autoridades. La cifra oculta alcanzó 91.8% de los delitos, lo que significa que casi nueve de cada 10 no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.
Únicamente 9.9% de los ilícitos fue denunciado y, al considerar el total de delitos ocurridos, sólo en 8.2% se inició una carpeta de investigación.
Entre las carpetas abiertas, 46.4% permanecía en trámite y en 29% de los casos las empresas consideraron que no ocurrió nada. Apenas 5.8% consiguió recuperar los bienes, 4.2% logró que el presunto responsable fuera puesto a disposición de un juez y 1.9% obtuvo la reparación del daño.
La desconfianza y las dificultades para acudir ante las autoridades también influyeron en la decisión de no denunciar. El 58.9% de los delitos no reportados estuvo relacionado con causas atribuibles a las instituciones, como trámites largos y difíciles, desconfianza, pérdida de tiempo y temor a sufrir extorsiones.
Entre las razones específicas, 35.3% de las empresas consideró que denunciar era una pérdida de tiempo, mientras que 16.2% estimó que el delito carecía de importancia.
Preocupación de los negocios
La percepción de inseguridad también se reflejó en las actividades cotidianas de las empresas. El 57.1% señaló a la inseguridad y la delincuencia como el principal problema que afectaba sus operaciones.
El temor fue mayor al transportar productos por carreteras y autopistas, actividad en la que 54.8% de las unidades económicas manifestó sentirse insegura. Le siguieron el traslado de mercancías por corredores industriales, con 52.6%; las compras o ventas en centrales de abasto, con 40.2%, y las transacciones en sucursales bancarias, con 33.8 por ciento.